Rajoy se presta a dialogar con Mas, pero “sin violar la ley”

El Gobierno español sigue firme. Pero ha comenzado a virar, levemente, sus naves. La decisión del President Artur Mas de seguir adelante con la intención de celebrar el 9N, arropado por los partidos soberanistas, que le marcan muy de cerca para que no se desvíe de ese objetivo, deja al Ejecutivo de Mariano Rajoy con algunas dudas.

Los recursos ante el Tribunal Constitucional han provocado la suspensión de la consulta, pero no la decreta inconstitucional, a la espera de una sentencia definitiva. Y, por tanto, la vía política debe aparecer en algún momento.

Y es lo que ha dejado entrever este sábado Mariano Rajoy. En un acto del PP en Guadalajara, el jefe del Ejecutivo ha defendido el papel de la Constitución, porque “ha llevado a España a modernizarse, a pasar de un régimen autoritario a una democracia, a entrar en Europa, o a lograr un gran crecimiento económico”. En eso Rajoy no cambiará, y reclama a Mas que “respete la ley”.

«No puede hacer lo que quiera»

Pero Rajoy no sólo se ha quedado en la ley, como le acusa el PSOE, y buena parte de la opinión pública y publicada. “La salida a la situación es: ley y diálogo”, ha asegurado, desde la premisa, eso sí, de que el President de la Generalitat “está sometido a la ley”, y “no puede hacer lo que quiera”.

«Iniciar un diálogo es avanzar hacia un punto de encuentro. Sólo hay una condición y es hacerlo dentro del campo de juego de la ley», ha sentenciado Rajoy.

La idea es que se pida, si se desea, una reforma de la Constitución, y se defienda lo que se quiere cambiar, pero no de forma unilateral. “La Constitución se puede cambiar pero con el acuerdo de todos, no porque lo diga nadie», ha insistido.

Reformar la Constitución

Rajoy espera una rectificación que, no obstante, no llega desde Barcelona. Por ello, y en paralelo a una oferta de diálogo, si Mas acaba aceptando que no podrá celebrar la consulta del 9N, en el PP se comienza a pensar que lo mejor es que el Tribunal Constitucional tenga lista su sentencia antes del 9 de noviembre. Si esa sentencia constata la inconstitucionalidad de la ley y del decreteto del 9N, el movimiento independentista podría encauzarse hacia una alternativa.

«Las leyes se pueden cambiar y las leyes se cambian, pero las leyes no se violan y si alguien quiere cambiarlas debe hacerlo por los procedimientos establecidos”, ha insistido.

Lo que ocurra a partir del próximo lunes puede ser ya determinante. Si Mas sigue desarrollando el decreto del 9N, con todos los pasos previstos para poder celebrar la consulta, al Gobierno español no le quedará otro remedio que entrar en un cuerpo a cuerpo que nunca ha deseado.

Se abre la vía política, pero con todas las cautelas, ante un posible choque jurídico con todas las consecuencias entre el Ejecutivo español y el catalán.