Rajoy, satisfecho del balance del 155, ordena a los suyos evitar la euforia

El Gobierno muestra su satisfacción porque «comience la vuelta a la normalidad en Cataluña» pero evita dar señales de euforia, consciente de que los 40 días que faltan para las elecciones navegan en un mar cambiante, con muchos interrogantes sin resolver.

Es cierto que si hubieran planificado los detalles que han permitido la evolución favorable del conflicto, no hubieran conseguido unos resultados tan favorables. El inventario de los logros conseguidos en tan poco tiempo cabalga sobre argumentarlos precisos, llamadas a la moderación en las declaraciones y confianza en el equipo que gobierna la crisis catalana desde el Palacio de La Moncloa.

Por debajo del liderazgo de Soraya Sáez de Santamaría, el tándem que forman Pedro Arriola -gurú electoral del PP desde los día de José María Aznar- y Jorge Moragas -jefe de gabinete de Mariano Rajoy– trabaja sin descanso con los sondeos electorales de que disponen, con la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para prevenir los pasos de Carles Puigdemont y del resto de los consellers desde la cárcel y el «exilio». Están en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para seguir de cerca el pulso de las cancillerías en una visión internacional que se va amortizando poco a poco, pero con la obsesión de evitar cualquier sorpresa.

La comparecencia de Carme Forcadell alivió la tensión en el Gobierno

El relato elaborado para consumo interno de los ministros y altos cargos del Partido Popular resalta la satisfacción por los resultados, en un tiempo que califican «record», de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El mantra: «Cataluña empieza a recuperar la normalidad.

Con la información a la que hemos tenido acceso, podríamos resumir los puntos esenciales de ese análisis que tiene la condición de «alta confidencialidad».

El Gobierno es consciente de la importancia que ha tenido el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Y valora mucho que se mantenga intacto en circunstancias complicadas para el propio Ejecutivo. Sobre todo con los últimos sucesos en la comisión del Congreso sobre la corrupción en el Partido Popular. También con la excarcelación de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. En prisión preventiva desde el mes de abril, la noticia de su puesta en libertad previo pago de 400.000 euros de fianza fue recibida con preocupación en Mocloa, al producirse cuando el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que se habían quedado en España habían ingresado en prisión preventiva.

Pero la comparecencia de Carme Forcadell y del resto de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo alivió la tensión. El relato detallado de los hechos, recogido en el auto del juez instructor, Pablo Llanera, ha sido un bálsamo para el Gobierno. Nada menos que quien era considerada una fundamentalista de primera en las filas de la secesión, la presidenta del Parlament, anticipándose a las preguntas del fiscal o del magistrado, declaró que la DUI había sido sólo un símbolo sin valor jurídico, que acataba el artículo 155 de la Constitución y se comprometía a que sus actuaciones políticas fueran dentro del orden constitucional en el futuro.

Algunas fuentes valoran la posibilidad de que Junqueras y los consellers sigan el mismo camino que Forcadell

En opinión de algunas fuentes del entorno de La Moncloa, la comparecencia de Forcadell ante Llanera y los compromisos adquiridos de respetar la legalidad tienen un valor incalculable en vísperas del inicio de la campaña electoral.

Según estas opiniones, el Gobierno no ha explicado con claridad la diferencia de actitud entre los miembros de la Mesa del Parlament y los consellers ante la Audiencia Nacional. Estos últimos se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía, haciéndolo únicamente a sus abogados. Ni siquiera pidieron un aplazamiento al comienzo de su comparecencia como hicieron los miembros de la mesa. En las opiniones consultadas, resaltar las diferencias de las conductas cobra especial relieve en el relato de por qué unos están en prisión provisional y otros en la calle.

El resultado de la diferencia de comportamiento entre los dos grupos ante los tribunales y las decisiones dispares adoptadas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo ha tenido frutos muy importantes. En primer lugar, frente a los que han tratado de argumentar la falta de independencia de la Justicia y la separación de poderes, la resultante convalida la actuación judicial y resta credibilidad al discurso sobre la falta de garantías en España.

Si era perjudicial para los intereses políticos del Gobierno y de los partidos constitucionalistas el ingreso en prisión de Junqueras y sus consellers, la medida adoptada por la jueza Lamela contraria supuestamente a esos intereses, confirma su independencia. Y al mismo tiempo, la resolución adoptada por el magistrado Llanera, en función de que los comportamientos de los encausados ante su tribunal han sido sustancialmente contradictorios a los que comparecieron ante la Audiencia Nacional, justifica plenamente la diferencia entre las resoluciones adoptadas en la Audiencia y en el Supremo.

Las mismas fuentes valoran la puerta abierta para que Junqueras y los consellers sigan el mismo camino que Forcadell. Si acatan el artículo 155 y se comprometen con la ley, la Audiencia Nacional, o en su caso el Tribunal Supremo si asume ese proceso, podrían decretar la prisión provisional con fianza, logrando un grado de normalidad sin candidatos a las elecciones en prisión, cosa que no agrada al Gobierno.

El Gobierno está teniendo exquisito manejo del mando sobre los Mossos, sin casos de resistencia

El relato y el argumentario del Gobierno entra en otros detalles igualmente significativos. En primer lugar, satisfacción por el grado de colaboración de los funcionarios catalanes ante las directrices de los nuevos responsables de las funciones asumidas en virtud del 155. Cero incidencias reseñables.

No hay constancia de casos de resistencia. Y el Gobierno de Rajoy está teniendo, a través de las decisiones del Ministerio de Interior, José Ignacio Zoido, exquisito cuidado en el manejo del mando sobre los Mossos, evitando cualquier incidente que indiquera falta de diligencia en el cumplimiento de órdenes. Esto se pudo comprobar en la actitud de los miembros de la policía autonómica durante la última jornada de huelga, en donde el propio ministro Zoido manifestó que él había ordenado que se evitase el uso de la fuerza para disolver los piquetes, zanjando las sospechas de que habían sido los Mossos quienes optaron por la pasividad. Y además informando de que los Mossos habrían procedido a cientos de identificaciones de personas que cortaron las vías del tren y las carreteras. Conductas que se van a perseguir y que suponen penas de cárcel.

El camino abierto por Forcadell con su rectificación desmonta el relato épico de los secesionistas. No importa tanto la sinceridad de su arrepentimiento de quién había prometido no dar «ni un paso atrás»  como la vigencia de que su libertad es reversible en la medida que incumpla los compromisos adquiridos con el magistrado Llanera.

Ahora es el turno de Oriol y los otros presos preventivos. Deben optar entre la rebeldía proclamada y la aceptación de las condiciones –nada extraordinario, solo su compromiso a respetar y reconocer la legalidad– para poder salir en libertad bajo fianza, pudiendo participar en la campaña electoral sin restricciones.

También pone en una encrucijada a Carles Puigdemont. Si los exconsellers salen de la cárcel, según el relato de previsiones elaborado por el Gobierno, la permanencia del expresident en Bélgica, prófugo de la Justicia española, se hace insostenible al comprobarse que sus excompañeros de Govern salen en libertad condicional para poder participar en un proceso electoral.

Las previsiones realizadas por el ejecutivo abren dos caminos.

Primero, como es previsible, que a pesar de la excarcelación de los consellers de su «gobierno legítimo» él permanezca en su «exilio»  y siga lanzando diatribas contra la democracia en España y contra «la complicidad de la Unión Europea con el golpe contra la democracia en Cataluña». Con esa actitud, el ex resident vaciaría la poca agua que queda en su piscina belga.

Si regresara a España antes de que Bélgica resolviera su petición de extradición, rompería el discurso épico y belicista que ha construido en Bruselas. Y, además, se expondría a ser encarcelado en buena lógica jurídica por su huída al extranjero.

La última reflexión que hace el gobierno tiene que ver con las ventajas que ofrecerá la unificación de los procesos en el Tribunal Supremo.

En primer lugar, no habrá que esperar a casación porque su sentencia no sería recurrible. Y en su caso, podrían acudir ante el Tribunal Constitucional, que no evitaría que la sentencia del Supremo tuviera la condición de sentencia firme.

La segunda, en caso de que las sentencias, cuando se dicten, si acumulan penas de inhabilitación, afectarían a los acusados auque hubieran sido elegidos diputados del Parlament. Un relevo generacional obligado que haría mucho más fácil la negociación política que necesariamente se abrirá en el escenario creado después del 21-D.

En todo caso, procesalmente es casi imposible un juicio tan rápido. Pero en un cómputo final, una sentencia del Supremo por su carácter de firme acortaría el proceso judicial de forma muy ventajosa.

Haciendo constar en todo momento su satisfacción contenida y prudente, por primera vez en muchos años el Gobierno cree que ha cambiado el sentido del relato y alimenta su confianza en que sean cuales fueran los resultados electorales, la situación habrá cambiado sustancialmente. Habrá llegado el turno de la política en donde cobra sentido el compromiso acordado con el PSOE para abordar cambios en la Constitución.