Rajoy da con la fórmula para frenar las remunicipalizaciones de las mareas
Una disposición de los presupuestos del Estado impide incorporar a los trabajadores de las empresas que prestan servicios públicos
En los últimos dos años, varios concellos, entre ellos los de las mareas, han promovido en Galicia la remunicipalización de servicios. En A Coruña, el consistorio que dirige Xulio Ferreiro (Marea Atlantica) apura el traspaso del servicio de bibliotecas, mientras que en Santiago, el ayuntamiento acelera la toma del servicio de aparcamiento regulado y la grúa antes de que se aprueba la medida de la discordia.
La medida en cuestión es una disposición que el Gobierno de Mariano Rajoy ha incluido en los presupuestos generales del Estado para frenar la remunicipalización servicios públicos y que impide a las administraciones sumar a su plantilla a los trabajadores “de los contratistas de concesiones de obras o servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su incumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”.
La medida perjudica la promoción de los trabajadores
Cuando un municipio decidía retomar el servicio prestado por una empresa privada, lo más frecuente es que los empleados se incorporen como personal indefinido no fijo, y luego podían pasar a la planta permanente tras diversos pasos de promoción. Pero con la nueva disposición, el personal que provenga de sociedades de propiedad pública será considerado como personal de nuevo ingreso, lo cual retrasará sus posibilidades de promoción laboral.
La disposición 27 de los PGE establece que no se podrán incorporar a los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios públicos
UGT ya ha advertido a los municipios de que estos procesos tienen que ser encarados con más cuidado para no poner en peligro a los trabajadores implicados. Todavía no está dicha la última palabra: los presupuestos serán debatidos en el Congreso en las próximas semanas. La votación del primer borrador está estipulada para el 4 de mayo. El PP necesita los votos de la oposición para aprobar las cuentas estatales, por lo que no se descarta que esta disposición sea una moneda de cambio en las negociaciones.
