Rajoy deja fuera de su propuesta de ‘mercado único’ las reivindicaciones en impuestos y legislación

El Gobierno descarta modificar el marco competencial para unificar los impuestos y la legislación que afecta a la actividad empresarial. Estas reivindicaciones habían sido trasladadas por las patronales durante los debates sobre la nueva ley de mercado único.

El anteproyecto salió este viernes del Consejo de Ministros camino de Las Cortes. Allí se debatirá durante los próximos cinco meses. Las perspectivas de que, finalmente, la propuesta de Mariano Rajoy (PP) incluya las demandas empresariales básicas son nulas. “No es el objeto de la ley”, aclaran en el Ministerio de Economía y Competitividad.

A medias

El Ministerio de Hacienda, el ámbito natural para debatir estos asuntos, ni está ni se le espera. Su rol en la redacción del anteproyecto ha sido mínimo. Grandes sectores como la distribución, alimentación o la banca, entre otros, seguirán expuestos a tasas autonómicas diferentes; o a 17 normas distintas en materia de medio ambiente, por ejemplo.

El proyecto de mercado único parece quedarse a medias. Sí incide, a cambio, en la supresión de las barreras administrativas. En este único aspecto, la patronal CEOE se felicitaba por el paso al frente. Las compañías destinan hasta un 2% de los trabajadores a dialogar con las administraciones públicas.

Según un estudio de Economía, la liberalización de ese número de profesionales junto a la simplificación administrativa hará crecer al Producto Interior Bruto (PIB) un 0,15%. Es decir, 1.500 millones al año.

Inspirados en Europa

El impacto sobre PIB de las actuales barreras es del 4%, según el ministerio. El objetivo del Gobierno es aprovechar ese coste de oportunidad por lo que adopta un modelo que entiende eficaz. Lo ha contrastado con las soluciones de Alemania, Canadá y Estados Unidos. Pero el futuro mercado único español será calcado al europeo. Respeta a las autonomías y permite a las empresas ser más competitivas, según la tesis del departamento dirigido por Luis de Guindos.

“La Unión Europea no da permisos, sino los estados miembro, pero hay unas normas muy claras de libre circulación de profesionales y mercancías”, explican a Economía Digital los autores del proyecto.

Más agilidad

Las comunidades autónomas retendrán todas las competencias para autorizar productos y normas comerciales. También regularán el marco para la prestación de los servicios. Se gana agilidad en los trámites. Un profesional que se inscriba en el registro de una autonomía podrá trabajar en otra, siempre y cuando cumpla con las exigencias lingüísticas, sin más papeleo.

El mercado único en España que propone Rajoy acabará con exigencias que chirriaban en las empresas. Ya no deberán pedir 17 permisos diferentes para poder distribuir su publicidad en el periódico del domingo. “Se establece un principio de confianza: si una autonomía da su autorización, las demás deberán fiarse de que se está cumpliendo”.

Resolución de conflictos

El anteproyecto establece la creación del Consejo para la Unidad de Mercado. Es un nuevo organismo “sin coste administrativo” que dirimirá los conflictos entre administraciones. Además concede la posibilidad a las empresas de denunciar en una ventanilla única la futura legislación que consideren contrarias al mercado único.

La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La institución, considerada independiente, tendrá el poder de impugnar cualquier iniciativa de las comunidades que vaya contra el espíritu de la nueva ley. Optar por esta prerrogativa supondrá la suspensión automática durante cinco meses del punto en discusión. “Ese tiempo debería aprovecharse para rectificar”, inciden en el Ministerio de Economía.