Protesta en las residencias de la Xunta: «No se vive solo de aplausos»

Hace más de cinco años, el personal laboral de la Xunta que atiende a dependientes, fundamentalmente personas mayores o con una discapacidad, estaba exhausto. Habían programado protestas ante las bajas acumuladas en la plantilla debido a hernias o problemas de espalda causados por lo que consideraban una excesiva carga de trabajo. El Gobierno gallego había introducido un cambio normativo durante la crisis, en 2012, que le permitió modificar el artículo 19 del convenio de personal, el que regula los turnos. Los descansos se redujeron y las jornadas acabaron castigando al personal, que presentó al menos dos denuncias por turnos ilegales en las residencias de la Consellería de Política Social.

Cinco años después y tras superar la parte más dura del Covid-19, los trabajadores vuelven a movilizarse para exigir mejoras laborales y revertir el ajuste que arrastran desde la crisis. Han programado actos de protesta este jueves en Ferrol (residencia de maiores Caranza), A Coruña (residencia de maiores Oleiros y Torrente Ballester), Lugo (residencia de maiores As Gándaras), Ourense (residencia de maiores Cabeza de Vaca), Pontevedra (residencia de maiores Campolongo) y Vigo (residencia de maiores Meixeiro I y II).

«El personal no vive solo de aplausos»

“Este personal fue uno de los colectivos más sacrificados durante la pandemia. Estuvo poniendo en riesgo su propia salud, al principio sin medios suficientes, sin equipos de protección (EPIs) para todos, y con un volumen de horas y de estrés muy grandes. Cuando todo fue evolucionando a mejor, el personal esperaba que los representantes de Política Social tuvieran un gesto con ellos en la línea de devolver los derechos que están recortados desde 2012. Pues no es que les devuelvan nada, sino que les ponen más dificultades para coger vacaciones, compensar domingos y festivos, aumentar plantilla… todo se traducía en aplaudirles, pero el personal no vive solo de aplausos”, explica José Emilio Doforno, de CCOO.

Los trabajadores comenzaron a movilizarse el pasado jueves y repetirán esta semana. Necesitan “más personal para dar más descansos” y piden también “más plazas públicas, pues se demostró que los centros públicos funcionaron mejor que los privados”, dice Doforno.

Concentración del personal de Política Social en la residencia Cabeza de Vaca (Ourense)

Menos incidencia del coronavirus que en las privadas

Las residencias gestionadas por la Xunta son 11 centros antiguos –de los años noventa– que estuvieron bajo la tutela de la Consellería de Política Social y otros cuatro más modernos que se integraron a través del Consorcio de Benestar. La mayoría de la red de centros de mayores en Galicia está en manos privadas, con DomusVi como principal actor, o gestionadas por fundaciones.

En un escenario donde más del 40% de los fallecidos por el coronavirus procedían de residencias, la incidencia en los centros de la Xunta fue muy baja. Según los datos de Política Social, contabilizando también los centros de atención a la discapacidad (CAPD), hubo cinco fallecidos, 120 usuarios contagiados y 99 trabajadores.

Menos plantilla y de edad elevada

Según explica Doforno, los dos principales problemas que arrastran es la elevada edad media de la plantilla, pues “no hubo reposición en 25 años”, y la disminución de la misma. “Todas las plazas se amortizaron. Cuando quedaban libres por jubilaciones o excedencias, no se cubrían, por lo que la plantilla disminuyó”, señala.

La Xunta anunció la construcción de siete nuevas residencias de mayores repartidas en cada una de las ciudades gallegas. El año pasado, la Fundación Amancio Ortega aprobó destinar 90 millones a financiar estas infraestructuras. A la espera de que se lleve a término el proyecto, el sindicato acusa al Gobierno gallego de no hacer nada en este ámbito en una década, mientras “externalizó” todo lo que pudo, con 90 residencias privadas operando en la comunidad.

Protesta en la residencia de maiores Volta do Castro / CIG

Respaldo sindical

Las protestas cuentan con el respaldo y convocatoria de todos los sindicatos: CCOO, CSIF, UGT y CIG, quien resumió las reivindicaciones de los trabajadores: una apuesta decidida por los servicios sociales públicos; incremento de plazas de gestión directa; recuperación de las compensaciones por festivos y domingos trabajados; transformación de los contratos de fin de semana o inferiores a jornada completa; y “la puesta en valor del trabajo y el esfuerzo realizado durante la pandemia con la mejora de las condiciones laborales”.

La portavoz del sindicato, Zeltia Burgos, acusó a la Consellería de mantener una “actitud impositiva y autoritaria, cercenando los derechos laborales durante los últimos ocho años”. Del mismo modo, Burgos lamentaba en un comunicado que la Xunta mantenga los “recortes en las condiciones laborales”, en lugar de “valorar el esfuerzo, dedicación y riesgo” asumido por los trabajadores.