Quién es quién en la guerra del transporte en Galicia
La Xunta y las empresas de transporte son los principales actores de un conflicto en el que también emergen otros nombres propios
Desde marzo del año pasado, cuando una sentencia del Supremo echó por tierra el plan de la Xunta para modernizar las concesiones de transporte de viajeros en la comunidad, la relación entre las empresas, los sindicatos y la propia administración autonómica se ha ido deteriorando hasta llegar a las puertas de una huelga indefinida que, si no cambian las tornas, afectará a toda Galicia a partir del martes de la semana que viene.
En este conflicto son varios los actores. La Xunta y las empresas –representadas por las federaciones Anetra, Fegabus, Transgacar y Fegatravi– son los protagonistas principales, pero los trabajadores también se han visto inmersos en una guerra que, en principio, no iba con ellos.
En 2009, cuando el PP aprobó la ley urgente que renovaba por diez años las cerca de 150 concesiones de transporte de Galicia, la conselleira Ethel Vázquez estaba al frente del organismo autónomo Augas de Galicia. Tres años más tarde, en 2012, con su llegada a la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas, esta ingeniera de caminos empezó a tomar contacto con el sector, y en 2016, cuando el Supremo dictó la sentencia, Vázquez ya era conselleira de Infraestructuras e Vivenda.
En estos meses su trabajo en esta materia ha consistido en el diseño de un Plan de Transporte en el que las empresas y los sindicatos se quejan de no haber podido participar. Su idea era implantarlo en 2019, pero la renuncia de varias empresas a pujar por las concesiones –un movimiento que es motivo de análisis por parte del Consello Galego da Competencia– le obligó a acelerar los plazos para que las nuevas rutas pudiesen estar operativas a finales del verano.
La renuncia de varias empresas a las rutas en el rural aceleró la confección del nuevo Plan de Transporte de la Xunta
Este jueves, la Xunta sacó a licitación los primeros contratos, un gesto que no sentó nada bien a las federaciones de transporte y a los sindicatos que, a pesar de ello, acudieron a la cita que tenían con Vázquez, aunque el resultado no fue igual de positivo para cada una de las partes. Mientras que los sindicatos lograron avanzar en la subrogación de los trabajadores, las federaciones dieron por rotas las negociaciones con la Consellería, a la que acusan de vacilar en sus decisiones y de enrocarse en la defensa de un plan que no soluciona los problemas del sector ni de la población.
Las grandes firmas
La extinción de las concesiones como consecuencia de la sentencia del Supremo ha golpeado de lleno a dos grandes firmas: Monbus y Arriva. Detrás de la primera está Raúl López, un empresario de Lugo muy próximo al PP y perseguido por la juez Pilar de Lara, que incluso llegó a ordenar su detención, por blanqueo de capitales en el marco de la Operación Cóndor.
Monbus, presente también en otras comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Valencia y las dos Castillas, es un entramado de decenas de empresas que factura más de 100 millones de euros al año, gracias en parte a que controla más de un 60% del negocio del transporte de viajeros por carretera.
El empresario Raúl López, muy próximo a las altas esferas del poder, fue detenido en el marco de la Operación Cóndor
Arriva es su rival y compañera. Ambas forman parte de Transgacar la federación mayoritaria en Galicia con más de un centenar de concesiones y 1.500 vehículos recorriendo la geografíia de la comunidad. El director general de Arriva Noroeste, José Gómez Piña, tomó posesión en 2015. Desde entonces, la compañía le ha dado la vuelta a su situación, devolviendo los resultados a cifras positivas y ganando tamaño con operaciones corporativas como la compra de Aucasa o, más recientemente, la de las concesiones de Autocares Vázquez. Siempre sin salir de su área de negocio, en las provincias de A Coruña y Lugo.
El papel de las federaciones
Tanto Transgacar, en la que se integran Arriva y Monbus, como Anetra –presidida por Alfredo Vázquez, de Autocares Vázquez– y Fegabús, la más pequeña de todas, llevan meses ejerciendo presión y criticando un plan que prevé integrar parte de las rutas escolares en las líneas de viajeros para mejorar la movilidad en el rural, una medida que, consideran, supondría la desaparición de muchas de las pequeñas firmas que operan en estos territorios.
En esta lucha, de la que se ha descolgado la segunda mayor federación de Galicia, Fegatrevi, defienden la necesidad de dar un giro radical a la política de transporte en la comunidad, pero negociando con el sector, para lo que piden a la Xunta una prórroga de un año, con el compromiso de retomar los servicios que abandonaron, con el fin de diseñar entre todos un nuevo modelo. A cambio, también exigen que se reestablezcan los contratos de transporte escolar, vigentes hasta el año 2020 o, de lo contrario, acudirán a los tribunales para defender sus intereses.
Los sindicatos, entre dos aguas
Mientras tanto, los sindicatos –UGT, CCOO y CIG– se encuentran entre dos aguas. Por un lado, han conseguido cerrar con la Xunta un acuerdo para subrogar los puestos de trabajo en las líneas del nuevo plan. Sin embargo, no han entrado a discutir con la Consellería la parte económica, un punto clave ya que, como denuncian, la propuesta autonómica empuja al sector a la precariedad. Y, por otra parte, mantienen abierto el diálogo con la patronal para desbloquear los convenios colectivos provinciales y mejorar su retribución a través de la actualización de los sueldos.
