Polémica por la candidatura de Jordi Sànchez a la presidencia de la ANC

El movimiento independentista catalán ha normalizado la situación. Todo es lógico. Nada de lo que se pretende está fuera de los deseos de «Cataluña». Y, producto de ello es la candidatura de Jordi Sànchez, adjunto al Síndic de Greuges, a la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que ha sido el alma del movimiento independentista en los últimos tres años.

En una especie de puerta giratoria a la catalana, Sànchez podría dirigir la ANC, sin dejar su cargo institucional.

Un candidato ideal

La ANC es una entidad privada, propia de la sociedad civil. Sànchez es el mejor posicionado para sustituir a Carme Forcadell en la presidencia, que no es un cargo remunerado.

Es independentista de primera hora, formó parte de la dirección de la entidad Crida a la Solidaritat, que realizaba acciones propagandísticas a favor de la independencia de Cataluña. Pero también fue director de la Fundación Jaume Bofill, especializada en cuestiones sobre la educación, y considerada como uno de los mejores think tanks de Cataluña.

A Jordi Sànchez, profesor de Ciencia Política, se le considera cercano a ICV y, por tanto, –con la idea de ampliar la base social del soberanismo–, su candidatura se considera ideal.

Duras incompatibilidades

Pero, ¿puede el adjunto al Síndic de Greuges, que es Rafael Ribó, reelegido por el Parlament hasta 2019, presidir la ANC como lo más normal del mundo? ¿Puede el defensor del conjunto de la ciudadanía catalana, ante las administraciones, ser el presidente de una entidad representativa sólo de una parte de la sociedad catalana?  

Fuentes jurídicas advierten de que la ley del Síndic de Greuges «es una de las más duras sobre las incompatibilidades». De hecho, ni el propio Ribó ni Jordi Sànchez puede dar clases académicas. Pero, al margen de la cuestión legal, que es interpretativa, existe el debate sobre la imagen institucional.

«Sería muy diferente si el adjunto al Síndic fuera ahora el candidato para presidir Societat Civil Catalana, ¿qué pasaría en ese caso?«, se pregunta un experto en derecho constitucional, que cuestiona el clima social que ha impuesto el soberanismo.

Representación política

Los adjuntos al Síndic de Greuges se rigen por el mismo régimen de incompatibilidades de la ley del Síndic. Ello se recoge en los artículos 7 y 11. Como causas de incompatibilidad se exponen: «el ejercicio de cualquier mandato representativo; el hecho de pertenecer a partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales y el hecho de ejercer funciones directivas».

También «el ejercicio de cualquier cargo político o cualquier función administrativa en organismos de ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico o local».

El precedente de Vidal

La oposición se mantiene expectante a la espera de lo que ocurra, finalmente, con Jordi Sànchez, pero se recrimina, por ahora, «la cuestión estética del asunto».

Sin embargo, el movimiento soberanista ha logrado que se perciba como algo lógico. Ocurrió con el juez Santiago Vidal. Suspendido de la carrera judicial, por el Consejo General del Poder Judicial, por liderar un equipo de juristas que preparaba una constitución catalana, Vidal es ahora asesor del nuevo Comisionado para la Transición Nacional del Govern de Artur Mas. Todo perfectamente lógico.