Podemos da el golpe definitivo a BBVA y San José en la operación Chamartín

Las grandes operaciones urbanísticas proyectadas en Madrid, como Chamartín o Mahou-Calderón, tienen desde ayer un nuevo obstáculo para salir adelante, por si eran pocos los que había hasta ahora con las dudas introducidas por el nuevo equipo de gobierno presidido por Manuela Carmena.

Los 47 diputados nacionales de Podemos y otros 7 de En Comú Podem han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que modificaba la Ley de Suelo de la Comunidad para no limitar la edificación a solo tres alturas, y que entró en vigor el pasado 28 de diciembre tras una proposición de ley promovida, con toda celeridad, por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

Podemos facilita el recurso a los colectivos sociales

El texto del recurso ha sido redactado por la asociación Ecologistas en Acción y lo que han hecho los diputados de Podemos y En Comú Podem es poner su firma, ya que la Constitución no permite a los colectivos sociales interponer un recurso de inconstitucionalidad, y requiere el apoyo de al menos 50 diputados.

La iniciativa, cuya resolución seguramente no será evacuada por el Alto Tribunal antes de tres años –cuando ya la actual legislatura municipal y autonómica esté prácticamente finalizada– introduce todavía mayor incertidumbre a la ya existente sobre grandes desarrollos urbanísticos planteados, como la operación Chamartín –promovida por el BBVA– y Mahou-Calderón, con la demolición del estadio Vicente Calderón y levantar en su lugar unas 2.000 viviendas.

Norma urgente para evitar el bloqueo judicial

«El recurso no se dirige contra el artículo único de la ley, sino contra la disposición adicional, con la que se trata de pasar por encima de los procedimientos judiciales en marcha», apunta María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.

En la misma línea se pronunciaba Enrique Villalobos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), al asegurar que esta ley «no tiene sentido más allá de lograr un rápido desbloqueo judicial de estos dos proyectos».

La modificación legal fue convertida en una ‘cuestión clave’ en el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular para que Cristina Cifuentes fuera investida presidenta de la Comunidad de Madrid.

Empeño de Ciudadanos

Así, el pasado 20 de octubre, el grupo de Ciudadanos en el Parlamento regional presentaba una proposición de ley para derogar el artículo 39.8 de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, el que limitaba a tres plantas la altura de las nuevas edificaciones. Y dos meses después, el 28 de diciembre, la nueva ley –apoyada por PP y Ciudadanos, y con el voto en contra de Podemos y PSOE–, entraba en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Desde entonces, las asociaciones contrarias a esta modificación, con Ecologistas en Acción al frente, habían venido recabando el apoyo de los diputados de Podemos para intentar neutralizar esta modificación, el que ahora se acaba de sustanciar con la presentación de este recurso.

Intentos de mover los hilos por las buenas

Mientras tanto, y al margen de esta judicialización progresiva del urbanismo en Madrid, los promotores, tanto de la prolongación de Castellana –el BBVA, principalmente–, como de la operación Mahou Calderón, con el Atlético de Madrid como principal beneficiario, siguen moviendo los hilos para intentar forzar la inicial voluntad de los nuevos responsables municipales de que ninguna de estas actuaciones salga adelante con las premisas inicialmente planteadas.

Para Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad en la que la entidad financiera presidida por Francisco González puso al frente a Antonio Béjar, el nuevo varapalo judicial se une al claro posicionamiento en contra demostrado por los responsables municipales, utilizando argumentos más o menos explícitos.

Mesas de debate de la discordia

Inicialmente, el equipo de Béjar trató de negociar con el nuevo equipo encabezado por Carmena y su concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, para que se aprobara definitivamente el plan parcial, pero todo ha resultado en balde.

Y la convocatoria de las mesas de debate, promovidas desde el Ayuntamiento como foro sobre el que articular ideas alternativas a la operación, ha sido la gota que ha colmado la paciencia del BBVA. «Una vía paralela carente de cobertura legal para desvirtuar el plan urbanístico hasta el punto de paralizarlo sine die y dejarlo de hecho sin efecto», recogía DCN hace un par de semanas en una nota en el que daba portazo a estas mesas de debates.

Un comunicado emitido por DCN tras ver cómo, desde el Ayuntamiento, vienen haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos para continuar con el procedimiento de revisión del plan parcial hasta lograr su aprobación definitiva.

El 31 de diciembre, fecha tope

Y el tiempo empieza a correr demasiado deprisa. Se acerca el 31 de diciembre, la fecha en que se activará la cláusula recogida en el contrato privado de compraventa de los terrenos, firmado en el  verano de 2014 entre Renfe, Adif y Desarrollo Castellana Norte –entonces denominada Duch –, para lograr la aprobación definitiva del plan parcial. Si no, la inversión quedaría definitivamente descartada.

En el caso de la operación Mahou Calderón, «también está todo recurrido», apunta Nieto, la portavoz de Ecologistas en Acción. Por unas partes y por otras. No obstante, tras el movimiento de FCC de dar un paso atrás, el asunto parecía haber entrado en una senda de solución que, ahora, con el recurso de inconstitucionalidad, habré que ver en qué queda.

Si, al final, el Atlético acepta reducir la edificabilidad a cambio de la cesión de la Peineta – tanto del estadio como del aparcamiento y del anexo parque acuático–, la operación podría desatascarse definitivamente.