Pilar de Lara denuncia que la Xunta obstaculizó sus investigaciones
El abogado de la magistrada de la ‘Operación Pokemon’ critica las trabas de la Xunta para dotar de medios al juzgado
La juez Pilar de Lara | EFE
La investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial por los retrasos en las macrocausas que instruye la jueza Pilar de Lara y que colapsaron el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, fiscalizará también a la Xunta. El promotor del expediente contra la magistrada de la Operación Pokemon pidió a la Dirección Xeral de Xustiza, dependiente del departamento de Alfonso Rueda, información sobre los medios puestos a disposición de Pilar de Lara para el desarrollo de su trabajo.
El abogado de la jueza, Agustín Azparren, denunció que el Gobierno gallego puso “obstáculos” a la hora de dotar de medios personales y materiales al juzgado. “El promotor pidió mucha documentación para justificar todas las peticiones que se hicieron a la Xunta respecto de funcionarios”, explicó Azparren. «Se está pidiendo esa documentación, y ahora hay la declaración de la letrada de la administración de justicia (antiguos secretarios), realmente ella ha estado los últimos meses y lo que pueda decir se refiere a este último periodo, pero ella ha sido testigo de algunas circunstancias que han incidido en los retrasos», precisó.
Peticiones reiteradas desatendidas
El abogado insistió en que las “trabas” de la Xunta a la hora de proporcionar medios dificultaron el progreso en la instrucción de Pilar de Lara, expedientada por supuestas dilaciones injustificadas en sus causas y por decisiones que habrían generado un aumento ficticio del volumen de trabajo. «Había muchas dificultades, había que digitalizar muchísimos documentos y tardaron mucho en poner un aparato y además tenía bastantes fallos. Sí que ha habido bastantes obstáculos, como suele ser general, pero en este caso más agravados por las necesidades», expuso Azparren.
El letrado aseguró que “está todo documentado por peticiones reiteradas” y que “si se pedían cuatro solo se concedía un funcionario y cuando se ponía de baja no se ponía otro de sustitución».
