Pedro Sánchez se queda solo ante el peligro: la nueva financiación autonómica
El Congreso urge al Gobierno a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, con el voto en contra el PSOE
Solo ante el peligro. El Pleno del Congreso ha aprobado este martes, con el voto en contra del PSOE, una moción pactada por PP, Ciudadanos y Foro Asturias en la que se insta al Gobierno a presentar, coincidiendo con el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, una revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las haciendas locales.
El texto ha salido adelante con los votos de los partidos que lo han pactado, que han recabado además el apoyo de Compromís y Coalición Canaria. Unidos Podemos, PNV y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han optado por la abstención y sólo EH Bildu y Nueva Canarias han coincidido con el PSOE en rechazar la moción. PDeCAT y ERC no han acudido a la sesión plenaria porque han preferido quedarse en Cataluña para celebrar la Diada.
Las carencias del sistema
Así, la Cámara ha instado al Gobierno a acometer reforma el sistema de financiación autonómica y local teniendo en cuenta los informes de expertos publicados en julio de 2017 y con el objetivo de resolver «las insuficiencias del sistema», garantizando una serie de principios.
En concreto, remarca la necesidad de que se garantice la «igualdad» en el «acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que residan», y la equidad, de manera que «no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas ni entre los niveles de financiación de cada una de ellas».
Transparencia
También se exige al Ejecutivo que ese nuevo modelo respete el principio de «transparencia» y que el mecanismo de reparto que se establezca sea «claro y comprensible» y con «suficiencia de recursos, con el fin de cubrir adecuadamente las necesidades objetivas de gasto de cada territorio».
La «corresponsabilidad fiscal» es otra de las premisas que debe cumplir el nuevo sistema que se demanda al Gobierno, de manera que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las comunidades autónomas con cargo a sus propios recursos.
