Pazo de Meirás: la Xunta pide al Gobierno que le ceda su gestión
El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, confirma que la Xunta pedirá la gestión del inmueble mientras no finalice el proceso judicial con los Franco
Pazo de Meirás, situado en el concello de Sada y antigua propiedad de la familia Franco | EFE
La Xunta de Galicia mueve ficha tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña de obligar a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás a la administración el próximo 10 de diciembre.
El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha confirmado este sábado que el Gobierno gallego se ha puesto en contacto con los Ministerios de Cultura y Hacienda para que Galicia pueda asumir la gestión del bien como patrimonio público mientras no finalice el proceso judicial.
Rodríguez ha defendido que la comunidad autónoma ha demostrado una vía de acción fundamentada en el «consenso y el rigor», buscando «primar el interés general», y que la Abogacía del Estado siguió la estructura jurídica impulsada desde la Xunta parra lograr recuperar el espacio.
El plan de la Xunta
El plan de la Xunta para dar una nueva vida al inmueble anteriormente en manos de los Franco mediante una serie de usos de carácter cultural para devolver el Pazo a sus orígenes y a sus vínculos como «cuna de grandes intelectuales» de la Galicia moderna y contemporánea.
A pesar de ello, ha apelado a la prudencia, puesto que todavía hay que revisar el estado de todos estos bienes que se encuentran en su interior, aunque en su momento, cuando se tramitó la declaración del inmueble como bien de interés cultural (BIC), se hizo una catalogación del inventario inicial con todos los elementos que contenía el edificio.
La propuesta del Concello de Sada
Por su parte, el Concello de Sada ha propuesto un convenio de colaboración entre las diferentes administraciones de cara a abrir el Pazo al público en el plazo más breve posible como centro de recuperación de memoria histórica y de estudio de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán, entre otros usos.
Este convenio interadministrativo definiría la gestión de usos y la financiación necesaria para este periodo transitorio, mientras el fallo judicial no se afirme. El gobierno local se ofrece, de nuevo, a gestionar las visitas al inmueble y garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, poniendo fin «a la vergüenza» perpetrada por los herederos del dictador.
