Paula Prado al juez: “Actué conforme a la ley”

La diputada y ex portavoz del PP gallego, Paula Prado, ha abandonado la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras cinco horas en sus dependencias. Lo hizo “satisfecha”, tras prestar declaración en calidad de imputada, ya que pudo dar su “versión”. La política tiene la convicción de que demostró al juez que actuó como edil en Santiago “conforme a Derecho y a la ley”.

Su declaración llega después de que en septiembre la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, órgano competente al tratarse de una aforada, notificase un auto en el que comunicaba la decisión de investigarla por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias a raíz de la exposición razonada remitida por el juzgado instructor de la Operación Pokémon, del que es titular Pilar de Lara Cifuentes.

Celeridad

Aunque llegó a la sede del TSXG sobre las 9:30 y salió poco antes de las 15:00 horas, Prado ha señalado que declaró durante «una hora y pico», ya que se produjo «un retraso» sobre el horario previsto, debido a que antes comparecieron dos testigos.

Dichos testigos están ligados con el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que firma los informes que avalan en su mayor parte las sospechas de De Lara sobre la diputada.

A su salida, ha atendido a los medios y, preguntada acerca de si confía en que su causa sea archivada, ha proclamado que se iba «satisfecha». «Porque no he hecho nada que no se ajuste a Derecho y he demostrado que todas mis actuaciones han sido conforme a Derecho y a la ley», ha aseverado la parlamentaria, quien había pedido, tras asumir el TSXG el caso, «celeridad» en la instrucción.

«Por fin he dado las explicaciones que, durante tiempo, quería dar», ha proclamado la dirigente popular, quien ha asegurado que «por supuesto» contestó a todas las preguntas que le formuló el juez, de forma que «aclaró todas aquellas cuestiones» sobre las que «podía haberse generado alguna duda» relativas a su etapa de concejal.

Supuestas irregularidades como concejal

El TSXG había aceptado en su día la competencia para conocer los hechos expuestos en tres de los apartados de la exposición razonada remitida por De Lara sobre Prado. Los magistrados del TSXG señalaban que los hechos relatados «pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la administración pública y tráfico de influencias».

En concreto, el alto tribunal gallego acordó investigar la autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros con motivo de la representación del espectáculo de La Abeja Maya en 2012.

También la supuesta influencia de la diputada en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando era responsable de la agencia de colocación de empleo, así como su intervención en la resolución de dos expedientes de un local de ocio.