Patrimonio detectó que la mina de Touro pondría en peligro poblaciones
Dos informes, uno de Augas de Galicia y otro de Patrimonio, motivaron la negativa de la Xunta al proyecto minero, en el que Atalaya invirtió 7,5 millones
El portazo de la Xunta al proyecto minero de Touro que promovían la multinacional Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas estuvo motivado principalmente por dos informes desfavorables, uno de Augas de Galicia y otro de la dirección xeral de Patrimonio Natural. Este último organismo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, llegó a alertar en abril de 2018 de la existencia de “un riesgo muy elevado para las poblaciones humanas próximas y para el medio ambiente en caso de catástrofe”.
Una de las conclusiones de la Consellería para emitir una declaración de impacto ambiental desfavorable (DIA) al proyecto de explotación es, precisamente, que “no da respuesta completa a las medidas de gestión a adoptar en caso de escenario accidental e, incluso, las medidas de prevención y gestión de la contingencia parecen limitarse a justificar que el suceso no se producirá”. Toma como referencia el informe final de Patrimonio Natural, de diciembre del año pasado, en el que advierte de que por muy baja que sea la probabilidad de accidentes y roturas, “estos deben ser previstos y evaluados”.
La Consellería de Medio Ambiente concluye que, “en caso de materializarse un escenario de riesgo, no se puede garantizar que no se produzca una grave afectación a los valores naturales de la zona ni un prejuicio a la integridad de la Zona de Especial Conservación Sistema fluvial Ulla-Deza”.
Impacto sobre los ríos
Otro informe clave, el de Augas de Galicia, identifica impacto ambiental sobre ocho cursos fluviales «relacionadas directamente con el proyecto de explotación». Avisa de «profundos cambios morfológicos, de los usos del suelo» y de los balances del agua aportada y devuelta al medio natural.
Estos cambios darían lugar a alteraciones en las cuencas, unido a «una alteración sustancial» de corrimientos de tierras. Por ello, se advierte de «importantes variaciones en el comportamiento hidrológico» derivadas de la «elevada» demanda de agua de la actividad minera.
A esto se suman diversas pegas que pone Augas al proyecto como un «incorrecto» dimensionamiento de la piscina estériles –materiales sin valor económico que se extraen para la explotación, como rocas y vegetación– daría lugar a un vertido con un impacto ambiental no valorado.
El riesgo de afección a las aguas «se mantendría más allá del fin de la explotación», mientras no se valoran los puntos de vertidos por lluvias a ríos ni se esclarece la gestión de las aguas en la fase de clausura, sin medidas fijadas en el caso de la llegada de aguas contaminadas a la balsa.
La Consellería de Medio Ambiente concluye, en consecuencia, que “no está garantizado que no se vaya a producir un impacto negativo sobre el ciclo hídrico”.
La resolución de la Xunta echa por tierra una inversión de 7,5 millones
La empresa minera emitió este viernes un comunicado para explicar que estudiará la resolución negativa de la Xunta para decidir sus “acciones futuras”. A través de la sociedad instrumental que capitaneaba el proyecto, Cobre de San Rafael, invirtió 7,5 millones con el objetivo de desarrollar la explotación.
Este dinero se destinó, según explica, a “labores de investigación, desarrollo e innovación, en la que han colaborado investigadores de las universidades públicas gallegas de diferentes ámbitos y otros organismos científicos y consultorías gallegas e internacionales de primer nivel”.
