El País Vasco camufló su amnistía fiscal
El País Vasco rechazó la amnistía de Montoro, si bien la legislación foral permitía regularizaciones tanto o más ventajosas
Las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava rechazaron aplicar en sus respectivos territorios la amnistía fiscal que en 2012 impulsó el ministro Cristóbal Montoro. Ahora que el Tribunal Constitucional ha anulado esta medida, la prensa y buena parte de la clase política vasca recalcan que nunca la aceptaron. No obstante, tanto antes como después de la amnistía de Montoro, las haciendas forales han llevado a cabo regularizaciones de dinero en el extranjero en condiciones más que ventajosas para sus propietarios.
En el País Vasco, la política fiscal es una competencia de las diputaciones forales. Estas nunca aceptaron la amnistía de Montoro, ni siquiera en Álava, donde los populares gobernaban en minoría. El entonces diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, del PNV, argumentó que la medida era “éticamente inaceptable”. Sin embargo, las tres diputaciones siguieron realizando regularizaciones fiscales, amparadas por la legislación foral, que en la mayoría de los casos resultaba más ventajosa que la Declaración Tributaria Especial (DTE), tal como se denominó a la amnistía de Montoro.
Amnistía fiscal de Montoro: el País Vasco la rechazó porque tenía sus propios procedimientos
Los contribuyentes vascos que regularizaron sus fondos en el extranjero tan sólo tuvieron que declarar por los rendimientos que generó este dinero en los últimos cuatro años. A diferencia de lo que ocurre actualmente en el resto de España, este criterio aún se mantiene en el País Vasco, según indica un asesor fiscal. Cuando acabó el plazo para acogerse a la DTE, Montoro endureció las condiciones de las futuras regularizaciones al eliminar las prescripciones. Eso fue posible a través de la modificación del artículo 39 de la ley de renta.
La amnistía fracasó
La amnistía de Montoro fue un fracaso. El gobierno de Mariano Rajoy calculó ingresar con ello 2.500 millones de euros, pero sólo recaudó 1.200 millones. Tan sólo se realizaron 31.500 declaraciones, menos de la mitad de lo esperado. Un conocido asesor fiscal señala que, mientras estuvo vigente esta medida, la gran mayoría de las regularizaciones no se realizaron mediante este procedimiento extraordinario sino a través de las declaraciones complementarias ordinarias.
Así lo corrobora también Ricardo Riverola, abogado especializado en derecho fiscal del despacho Cuatrecasas. En su opinión, las declaraciones complementarias previstas en la ley de renta constituían un procedimiento más “claro”, de mayor seguridad jurídica, que la amnistía de Montoro, que estableció mediante un real decreto. Riverola subraya que casi en un 90% de los casos al contribuyente le salía más a cuenta el primer procedimiento.
