Ofensiva de ocho comunidades para llevar la España vaciada al sistema de financiación

La cumbre entre ocho presidentes autonómicos celebrada en Santiago ha finalizado con un documento que recoge dos grandes preocupaciones. Por un lado, la de que la configuración parlamentaria favorezca en materia de financiación a comunidades como Cataluña, toda vez que Pedro Sánchez necesita el apoyo de ERC y tiene entre sus grandes objetivos lidiar con el pulso independentista; por otro, meter entre las líneas prioritarias de financiación aspectos como la despoblación y la dispersión geográfica, frente a otros territorios, como Madrid y la propia Cataluña, que tienen más población.

El acuerdo alcanzado entre los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Aragón, Cantabria y Asturias (cinco gobernadas por el PSOE, dos por el PP y una por el PRC de Miguel Ángel Revilla) estuvo precedido de apelaciones a la solidaridad entre autonomías y del empeño de los firmantes de hacer ver que no se trataba de “un frente”, sino de una apuesta porque se presten los mismos servicios y de la misma calidad en toda España, en palabras del presidente , Adrián Barbón.

Contra el «frentismo»

Tras el encuentro y con un documento sin propuestas concretas bajo el brazo, todos los actores reivindicaron la cumbre como antítesis al “frentismo” político y a favor de la búsqueda de acuerdos. “Hoy no es noticia la bronca o el ruido, sino el acercamiento y el diálogo”, dijo Feijóo. Más allá fue Javier Lambán, el presidente aragonés, que identificó la reunión con los españoles “decentes”, se supone que frente a otros que no son decentes.

El documento conjunto, de 35 puntos, pide transparencia en la negociación de la financiación autonómica, reclamando el refuerzo del Consejo de Política Fiscal (CPFF) con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.

Mensaje a Sánchez: sin acuerdos bilaterales

Los presidentes piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden «al margen de los legítimos espacios biltareales entre el Gobierno central y cada comunidad».

Las ocho comunidades reivindican que comparten «intereses comunes, que nacen de sus características socialdemográficas, económicas e históricas», y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en «estrecha coordinación» con el Gobierno central y «con absoluta lealtad a los intereses generales».

«Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas«, recoge el texto, en el que se alude a la «emergencia demográfica» y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.

Los problemas de la España vaciada

«Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades», constata.

En su parte más sustancial, el texto se compromete con una defensa de la cadena alimentaria y del modo de vida de ganaderos y agricultores; pide garantizar servicios como los bancarios o farmacéuticos en las zonas rurales; reclama evitar la brecha digital en las zonas despobladas y políticas que favorezcan el retorno de españoles en el extranjero.