Nuevo aviso de Contas al Sergas: debe mejorar los contratos con el sector privado

El Consello de Contas insta a la Xunta a planificar más a «a medio y largo plazo», las necesidades de equipos de alta tecnología y su actualización y a «mejorar el diseño» de los contratos que implican la colaboración público-privada, de forma que se «asegure» que la transferencia de riesgos al socio privado sea «real y efectiva».

Así lo hace constar en un informe en el que se analiza un procedimiento introducido en 2013 por el Ejecutivo gallego –amparado por la ley que regula la contratación en el sector público– que, bajo la vía del diálogo competitivo (que implica la colaboración público-privada), buscaba dar una solución global para cubrir las necesidades de alta tecnología en diagnóstico por imagen, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia.

Esta modalidad de contrato, que el ente fiscalizador considera compleja, emplea la figura del diálogo con el sector privado para lograr ajustar la oferta de equipos a las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas), de forma que también se transfiere el riesgo derivado de la «propiedad» de los bienes al socio privado mediante la fórmula de «pago por disponibilidad».

El Consello de Contas acordó incluir el estudio de este contrato, que implicaba una duración de 8 años con un presupuesto de licitación de 88 millones de euros, en su plan de trabajo de 2019, dada su magnitud y con el objetivo de finalizarlo en el año 2020, aunque, según hace constar en el informe, analizado por Europa Press, las «circunstancias sobrevenidas» le impidieron cumplir este objetivo.

De hecho, el órgano fiscalizador hizo público el informe en cuestión en diciembre de 2022 y, a raíz del mismo, realiza una serie de recomendaciones a la Administración autonómica en relación a esta modalidad de contrato que hasta la fecha no se había usado para adquirir equipamientos de este tipo.

Imposibilidad para cuantificar los medios necesarios

En lo que respecta al análisis previo, Contas subraya que el Sergas justifica el uso de este tipo contractual en la «imposibilidad» de cuantificar los medios necesarios para cubrir sus necesidades, para lo que emplea un análisis de la demanda de servicios usando como base el ejercicio de 2012. Este marco temporal, según el órgano fiscalizador, es «insuficiente».

El ente fiscalizador también constata que en el periodo que se planifica la contratación, la comunidad tiene que recurrir a la deuda para poder atender las necesidades de financiación de sus gastos de capital y el Sergas no dispone de un presupuesto que permita atender a esas necesidades, pero «sí tiene disponibilidades que le permitirían afrontar esa renovación en un marco temporal más amplio».

A renglón seguido, respecto a la evaluación financiera, recalca que no se tuvo en cuenta «la evolución de los mercados financieros, usando tipos de interés excesivos».

Pese a las «deficiencias» halladas en las condiciones financieras, Contas concluye en todo caso que optar por un contrato que flexibilice el servicio y permita la continua adaptación tecnológica de los equipos, junto con el impacto en términos de estabilidad presupuestaria, es «la más adecuada» en un ámbito en el que la importancia de la tecnología es elevada.

Transferencias del riesgo al sector privado

El informe también incide en que el procedimiento de contratación tuvo una duración de 20 meses, lo que evidencia «la complejidad tanto en la definición del objeto» del contrato como del procedimiento elegido; que permitió, por otra parte, ajustar las previsiones financieras del contrato «alcanzando un ahorro del 11%».

Respecto al riesgo de disponibilidad, remarca que se analizó el valor de los descuentos aplicados en la facturación, resultando que «no alcanza ni el 1% de facturación del periodo», por lo que se concluye que «no existe una transferencia del riesgo al socio privado».

En cuanto a otras entidades, debido a este contrato se incluyeron en las necesidades tecnológicas del Sergas las dotaciones de otras entidades que le prestan servicios, en concreto Galaria y el Centro Oncológico de Galicia.

En el caso de Galaria, Contas indica que el convenio formalizado para la cesión de los equipos objeto del contrato conlleva implicaciones económicas que «no están debidamente contabilizadas», ya que se produce «una compensación de ingresos y gastos».

En cuanto a la Fundación, apunta que «no está debidamente justificada su participación en el contrato», ya que se trata de una entidad privada que presta servicios de naturaleza sanitaria en condiciones de mercado.

Recomendaciones

El Consello de Contas concluye que, en relación a los ahorros presupuestarios en los gastos de mantenimiento de equipos, se observa una reducción en los gastos de mantenimiento a partir de la entrada de vigor del contrato, si bien existe «un incremento global en el gasto en bienes corrientes y servicios».

Y en lo que respecta al análisis de la obsolescencia, se puso de manifiesto una «mejora significativa» como consecuencia de las renovaciones de los equipos, si bien «los estándares de antigüedad óptima dejarían de cumplirse una vez transcurridos los cinco primeros años del contrato».

A la vista de las conclusiones, se formulan cuatro recomendaciones, empezando por mejorar las fuentes de información, acudiendo a datos oficiales referidos a un periodo de tiempo «suficientemente amplio» que permita disponer de datos de calidad que faciliten la evaluación previa en las decisiones de contratación.

También apuesta por establecer en este tipo de contratos de colaboración público-privada los mecanismos necesarios que garanticen que las condiciones financieras de la licitación «se ajustan a la realidad de los mercados».

Asimismo, se ratifica que se debería mejorar el diseño de estos contratos, asegurando que la transferencia de riesgos al socio privado sea «real y efectiva»; y planificar «a medio y largo plazo» las necesidades tanto de nuevos equipos como la reposición de base instalada para poder garantizar la actualización tecnológica permanente y «mantener y mejorar los estándares de obsolescencia», así como para poder planificar los recursos financieros suficientes para atenderlas.