Nueva ley del juego en Galicia: más casas de apuestas, pero a 300 metros de los colegios
La norma ampliará de 150 a 300 el radio de distancia mínima de los locales con los colegios pero permitirá la apertura de más establecimientos, hasta un máximo de 175
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda – ANA VARELA
El Gobierno gallego da dado luz verde a la nueva ley autonómica del juego, que arrancará el breve su trámite parlamentario. Más casas de apuestas, aunque más lejos de los colegios, institutos o centros oficiales de rehabilitación de personas con ludopatía. La norma amplía esa distancia de 150 a 300 metros.
Por contra, permitirá la apertura de nuevos locales de juego, hasta un máximo de 175 que puede haber en la Comunidad gallega.
Licencias de 15 años
En todo caso, la duración fijada para todas las autorizaciones será de 15 años. Para aquellos locales que tengan licencias de mayor duración, también se establece este período de 15 años desde que entre en vigor la ley.
Son algunas de las claves de la nueva ley que este jueves ha recibido el visto bueno del Consello de la Xunta en su reunión semanal, tras la que ha comparecido el presidente, Alfonso Rueda, acompañado del vicepresidente segundo, Diego Calvo, para dar cuenta de los detalles de este texto que entrará en vigor en 2023.
Calvo, quien se ha estrenado en estas ruedas de prensa desde que en mayo entró a formar parte del Gobierno gallego, ha destacado que la norma nace fruto del «dialogo con todos los sectores implicados».
Actividades de sensibilización
El texto aprobado este jueves en Consello recoge que la Xunta desarrollará actividades de prevención y sensibilización contra la ludopatía, así como un catálogo de sanciones que pueden ir desde los 100 a los 100.000 euros, aunque el límite máximo puede ascender a 600.000 euros «si hay situaciones más agravantes».
La aprobación de esta ley por parte del Ejecutivo, se produce días antes de que el Parlamento, en la sesión plenaria del martes, debata la toma en consideración de una nueva ley de juego propuesta por el PSdeG ante la «incapacidad» de la Xunta para actualizar la normativa que estaba en vigor desde 1985.
