Ni Alcoa ni grandes hidroeléctricas: el Gobierno aparca las propuestas de la Xunta en su plan energético

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes el Plan Más Seguridad Energética (+SE), un compendio de medidas, en concreto 73, con las que busca reducir el consumo de gas en España entre un 5,1% y un 13,5% hasta marzo, mejorar la autonomía energética, aumentar la competitividad empresarial y cumplir con los compromisos de solidaridad con los socios europeos.

El plan se estructura en seis grandes bloques de actuación: ahorro y eficiencia energética, impulso al proceso de transición, protección a consumidores, fiscalidad, autonomía energética y tecnológica y solidaridad con la UE. Algunas de las medidas expuestas ya se han aprobado o adelantado en las últimas semanas, como la rebaja del IVA del gas natural desde el 21 al 5% o la reforma de la tarifa eléctrica regulada a fin de reducir su volatilidad. Otras medidas están más esbozadas por el momento que concretadas, como las que tienen que ver con las rebajas fiscales que acometerá el Ejecutivo para fomentar la sustitución del uso de combustibles fósiles por renovables que aún se están negociando con el Ministerio de Hacienda.

Hace semanas que las comunidades autónomas realizaron sus propuestas de cara a la elaboración de este plan de contingencia. Ya sea porque en el relatorio de las 73 medidas plasmadas por el Gobierno falta todavía más concreción o porque el documento presentado por la Xunta de Galicia se centraba, de forma más específica, en medidas ligadas a la comunidad, algunas de las formulaciones clave realizadas por los de Alfonso Rueda no aparecen recogidas en el documento presentado por el Gobierno.

Hidrógeno y almacenadores de energía

Por ejemplo, el documento del Ejecutivo central indica que “acelerará” la ejecución del Perte de las Energías Renovables, del Hidrógeno y del Almacenamiento (ERHA). La dotación económica del mismo estaba fijada en unos 3.500 millones de euros, aunque se ampliará con otros mil millones adicionales para nuevas capacidades industriales y tecnológicas.

No obstante, en el plan no hay una mención específica, como hizo la Xunta, a la potenciación de los proyectos de gran almacenamiento, los desarrollados a través de centrales hidráulicas de bombeo o reversibles. Así, el Ejecutivo gallego abogaba específicamente por “desarrollar y activar mecanismos de ayuda e incentivos a grandes proyectos de almacenamiento energético que contribuyan a una adecuada gestión de un mix energético basado en fuentes renovables de energía, especialmente a aquellos relacionados con el almacenamiento de energía hidráulica por bombeo”.

En la comunidad gallega distintas firmas han presentado proyectos hidroeléctricas renovables, desde el consorcio entre Reganosa y EDP a la andaluza Magtel o la compostelana Tasga.

La Xunta también presentó una batería de propuestas para el sector electrointensivo, el de los grandes consumidores eléctricos, que ha sido recogido, si bien no en su totalidad.

Electrointensivas

Con respecto a medidas que fomenten el ahorro en el sector industrial y la competitividad, el Gobierno destaca el mayor esfuerzo presupuestario con respecto a las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2. Dotado de un presupuesto de 244 millones para 2024, el Ejecutivo indica que podrá aumentar ese importe en base a la disponibilidad presupuestaria para tratar de alcanzar el máximo permitido. “El presupuesto destinado a este mecanismo podrá elevarse como máximo hasta una cifra equivalente al 25% de la recaudación por derechos de emisión”, apunta el Gobierno en su plan. Destaca el Ejecutivo que, además, “se mantiene el apoyo a la industria electrointensiva a través de la consolidación de las ayudas previstas en el decreto que regula el Estatuto del Consumidor Electrointensivo”.

Es aquí donde se produce mayor distancia con el Ejecutivo autonómico, en manos del PP, precisamente porque este apuesta por revisar todo el actual estatuto para implementar, a su juicio, “medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad de las empresas electrointensivas”. También apuesta por “activar subastas de energía procedentes de fuentes renovables que sean específicas para consumidores industriales intensivos en energía”.

Por otro lado, el documento de la Xunta habla específicamente de Alcoa, en su condición de la mayor consumidora eléctrica del país y pide “el desarrollo de mecanismos de colaboración con el fin de apoyar el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, desde el punto de vista del impulso a la inversión en materia de energía y sostenibilidad”. No existe en el documento del Gobierno central ninguna mención específica al complejo de aluminio de A Mariña lucense, aunque tampoco a ninguna otra empresa en particular.

Por otro lado, y con respecto a las ayudas de compensación de CO2, los de Alfonso Rueda insisten en que «Alemania ha obtenido la autorización por parte de la Comisión Europea para dotar 27.500 millones de euros para el periodo 2021-2030 con el fin de compensar el 75% de los costes indirectos de emisión incurridos en favor de empresas en sectores con riesgo de fuga de carbono».

Infraestructuras energéticas

En lo que tiene que ver con las infraestructuras energéticas, las propuestas de la administración gallega también destacaban, en concreto, el impulso de las infraestructuras de conexión «del gasoducto/hidroducto de Galicia con la Meseta, en concreto el hidroducto Guitiriz-Zamora, y el Norte de Portugal».

En lo que atañe a las conexiones, el Gobierno, por su parte, destaca la necesidad de impulsar el corredor ibérico de hidrógeno, que se plantea como una interconexión gasista de alrededor de 230 GWh/d entre España y Francia. La puesta en marcha estimada es en 2025.

Coincidencias

En cualquier caso, Xunta y Gobierno también son coincidentes en otras muchas de sus propuestas, como la necesidad de incentivos fiscales para los consumidores, de poner en marcha cuando antes un Perte de la descarbonización (previsiblemente Alcoa podría acceder al mismo) o impulsar la regulación de la eólica marina.

A este respecto, el Ejecutivo de Sánchez asegura que antes de finalizar 2022 tendrá en marcha el nuevo marco normativo de la eólica offshore que derivará en «el procedimiento de autorización de las instalaciones eléctricas, el otorgamiento de derechos sobre el espacio marino, el acceso y conexión al sistema eléctrico y el marco de impulso a la inversión mediante instrumentos de concurrencia competitiva».