Nadia Calviño aparca sus diferencias con Yolanda Díaz para pedir la subida del SMI
La vicepresidenta primera mete presión a la patronal y pide "responsabilidad" para llegar a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional
Las dos vicepresidentas gallegas del Gobierno sí coinciden para reclamar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la coruñesa Nadia Calviño, ha expresado este miércoles su confianza en que finalmente se logre un acuerdo con los agentes sociales para subir el SMI este año, si bien ha rechazado la propuesta de establecer distintos salarios mínimos en función del territorio.
A juicio de Calviño, los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya «ningún tipo de sensibilidad» con la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos. Más si cabe, según la vicepresidenta primera, cuando en septiembre también se tendrá que decidir qué hacer con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prestación de los autónomos, cuyos plazos finalizan el 30 de este mes.
«No parece lógico que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales digan que hay que extender las bonificaciones y las prestaciones cuando no haya habido un acuerdo. Esto es muy difícil de explicar», ha reprochado la ministra, que ha pedido mantenerse en la línea de «responsabilidad» demostrada por el Gobierno y los agentes sociales en los últimos meses.
Portazo a un SMI ajustado a cada comunidad
La vicepresidenta ha trasladado el compromiso del Gobierno de que el SMI alcance el 60% del salario medio al término de la legislatura, unas subidas que ha supeditado a los avances de la economía y la creación de empleo, al tiempo que ha descartado adaptar el salario mínimo por comunidades autónomos.
«Nos parece que no sería una decisión sabia empezar a discriminar por territorios. Esa sugerencia no la apoyo», ha señalado la vicepresidenta, que ha defendido que esta aproximación «no es la adecuada» en España. «En un país como el nuestro, que tiene divergencias territoriales tan importantes y problemas con el reto demográfico y de despoblación en parte del territorio, nos parece que no sería una decisión sabia empezar a discriminar por territorios», ha explicado.