Nacionalizar Alcoa o cerrar Reganosa: los choques entre PSOE y Podemos

Mucho trabajo por delante tienen PSOE y Unidas Podemos, no solo para cuadrar la investidura que necesita Pedro Sánchez, sino también para hacer funcionar un Gobierno en el que la izquierda se juega buena parte de su credibilidad y que tiene en su origen importantes contradicciones. Sobre todo en materia económica, donde el sector energético, la política de vivienda o la reforma laboral han sido terreno para la batalla espoleada por la competición electoral.

También en el caso de Galicia, donde la crisis de industrias clave afectadas por los costes energéticos o por el proceso de descarbonización ha provocado el choque entre las posiciones de los ahora socios. La depuración de esas diferencias para traducirlas en medidas concretas es clave para empresas como Alcoa o Endesa-As Pontes, para el futuro de territorios como Meirama o para la continuidad de Reganosa. De haber investidura, la transformación de Navantia o el futuro de Ence también se decidirán bajo un Gobierno que la OCDE y el IBEX temen por la influencia que la formación de Pablo Iglesias pueda ejercer sobre la línea más ortodoxa de Nadia Calviño.

La crisis de Alcoa y los compromisos pendientes

Una muestra de la diferencia de enfoques se pudo apreciar durante la crisis de Alcoa en A Coruña y Avilés, cuyas plantillas recibieron el apoyo del PSOE cuando gobernaba el PP y del PP cuando gobernaba Pedro Sánchez. La pretensión de cerrar las plantas por parte de la multinacional norteamericana desembocó en un proceso de venta tutelado por los ministerios de Industria y Transición Ecológica que acabó de manera exitosa, al menos por ahora, con el aterrizaje del fondo suizo Parter.

Yolanda Díaz, la diputada ferrolana de Galicia en Común y una de las candidatas de Unidas Podemos para liderar un ministerio, llegó a proponer la nacionalización parcial de las factorías para poder buscar comprador al margen de los plazos fijados por Alcoa. El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó esta propuesta.

De los compromisos que adquirió el Ejecutivo en aquel proceso queda todavía pendiente la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, la batería de rebajas a la industria para abaratar el coste de la electricidad que es clave también para la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo). El Gobierno presentó un borrador que no convenció a las empresas y al que Unidas Podemos presentó alegaciones.

Reganosa sí, Reganosa no

De posiciones todavía más alejadas parecen partir PSOE y Unidas Podemos respecto a Reganosa, la regasificadora de Mugardos. El mes pasado, Yolanda Díaz pedía el traslado de la planta, participada por la Xunta y por Gadisa, fuera de la ría por ser un “peligro ambiental”, una “bomba de relojería” al lado de núcleos de población, y una instalación “ilegal”. Hacía alusión a las sentencias del Tribunal Supremo que anularon los permisos administrativos para la construcción de la regasificadora y la regularización que impulsó Mariano Rajoy eximiéndola de parte de su evaluación ambiental. Durante su etapa en AGE, la formación que integraba a Esquerda Unida y Anova también pidió el cierre de las instalaciones.

Si Reganosa le queda lejos a Pedro Sánchez, no así al alcalde socialista de Ferrol, Ángel Mato, que el mes pasado se posicionó con el comité de empresa de la planta y pidió apoyo para su continuidad en la ría porque hace que el territorio “sea más competitivo” y porque Reganosa tendrá “un papel importante” en el proceso de transición energética.

La deuda del puerto de A Coruña no es la del puerto de Valencia

Tampoco parecen estar muy de acuerdo PSOE y Unidas Podemos en la senda que debe seguir el Gobierno respecto a la deuda del puerto de A Coruña, contraída por la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira. El diputado de Galicia en Común y líder de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, pidió que se perdonase a la Autoridad Portuaria una deuda de 200 millones que, a falta de otra solución, podría provocar la venta de terrenos de la fachada marítima de la ciudad para elevar los ingresos y pagar las amortizaciones.

Esta petición tiene como base la condonación al puerto de Valencia de una deuda de 350 millones contraída por Consorcio Valencia 2007, el organismo que financió las obras para acoger la Copa América. El Gobierno de Sánchez replicó que se trataba de situaciones distintas al estar la inversión de la Comunidad Valenciana vehiculizada a través de un consorcio, mientras que el puerto de A Coruña se comprometió a financiar las obras mediante la desafectación de terrenos de los muelles interiores.

Meirama y As Pontes

Más consenso parece generar la situación de Meirama y As Pontes, dos territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de Naturgy y Endesa. En el primer caso ya no hay marcha atrás, pues la empresa anunció la clausura de las instalaciones en 2020. Endesa está batallando para poder mantener activa la central, actualmente fuera de rentabilidad, pero ya anunció que aceleraría su cierre de no encontrar la manera de hacerla competitiva.

Ambos partidos entienden que son tecnologías condenadas a la extinción más pronto que tarde. De hecho, Podemos llevó en su programa el cierre de las térmicas en 2025 como muy tarde. La alternativa es la misma que impulsa el PSOE, planes de transición justa. El problema en el caso de As Pontes radica en los tiempos, pues un cierre abrupto de la central causaría destrozos en la dinámica económica de la comarca de no tener en marcha un plan alternativo.

Cómo rebajar los precios del alquiler

PSOE y Unidas Podemos ya dejaron claras sus diferencias en política de vivienda en el decreto de medidas urgentes para el mercado del alquiler, una batería de iniciativas aprobadas antes de las elecciones para incrementar la protección sobre el inquilino. A juicio de la formación de Pablo Iglesias fue insuficiente, al no aceptar el PSOE intervenir el precio el alquiler fijando un máximo al propietario según la zona de la vivienda. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias ya advirtió entonces que rechazaba frontalmente tanto la intervención de los precios como la penalización a las viviendas vacías que, según cómo se aplicase, tendría un enorme impacto en Galicia.

Los socialistas reconocen, y así constaba en su programa, la necesidad de movilizar vivienda vacía hacia el mercado de arrendamiento para abaratar los costes, pero se negaron a intervenir los precios.

Si en vivienda se llegó a un punto intermedio, en el caso de la reforma laboral las posturas parecen irreconciliables pues Unidas Podemos considera imprescindible derogarla y Nadia Calviño, la que será vicepresidenta económica si Pedro Sánchez gana la investidura y forma Gobierno, descartó que revertir la actual normativa fuese «productivo», aunque asumió que se pueden modificar los aspectos «más lesivos» en la protección de los trabajadores.