Montoro cerca el chiringuito fiscal de los ‘influencers’

La lupa de Cristóbal Montoro llega a cualquier rincón. También de internet. El plan de control tributario de este año tiene en el punto de mira a los influencers, creadores de tendencias que, en algunas ocasiones, monetizan su actividad a través de la red sin ajustar cuentas con el fisco. La Agencia Tributaria (AEAT) lleva tiempo detrás de las prácticas que algunos de estos jóvenes realizan promocionando productos de manera aparentemente desinteresada, o bien, subiendo a Youtube vídeos que terminan teniendo millones de visitas.

La mayoría de ellos creen que debido a la baja cantidad de dinero que perciben por estas actividades, no están sujetos a este tipo de controles. Marvelcrowd, la comunidad referencia del sector, recogía que cerca de uno de cada tres no factura más de 2.400 euros al año. El mercado justifica las cifras: el coste por mil visitas (CPM) en las plataformas de vídeo en España está entorno al euro, mientras que según los expertos una publicación en Instagram promocionando un producto puede llegar a suponer más de 100 euros para alguien con más de 10.000 seguidores.

Pero estas excusas no son suficientes para Hacienda. Gestha, sindicato de técnicos de la Agencia Tributaria, explica que el desarrollo de cualquier actividad económica por cuenta propia y con continuidad obliga a una persona física a regularizar su situación.

Otra de las confusiones existentes es el alta como autónomo. Desde que el Tribunal Supremo (TS) sentara jurisprudencia y afirmara que sólo se exigiría este requisito cuando una persona física superara el salario mínimo interprofesional (9.080,40 euros al año aproximadamente), algunas personas se han acogido a esta medida. No obstante, según Gestha, este aspecto “no es la norma” y, por tanto, una persona debería estar dada de alta desde el primer euro.

Por tanto, estos nuevos famosos deben estar dados de alta y declarar, además, el Impuesto sobre Actividades Económicas. Un youtuber, por ejemplo, tendría que adherirse al epígrafe de “producción y edición de vídeos” y al de “servicios de publicidad”.

Influencers-Hacienda: Muchos creen que están exentos de declarar sus ingresos por la poca cantidad de dinero que generan

Para evitar quebraderos de cabeza, gran parte opta por firmar contratos con agencias de representación, quienes actúan como intermediarios con las marcas, asesoran y llevan la gestión económica. 

Otra opción, en cambio, son las cooperativas de facturación. Una posibilidad que parece tener los días contados después de que el Gobierno desmantelara Factoo, la mayor organización de este tipo en España, que ha sido sancionada por Empleo tras haber detectado presuntas conductas infractoras. 

Sea como fuere, para aflorar los ingresos de estos jóvenes, la AEAT también está investigando los novedosos métodos de pago con criptodivisas y presionando a plataformas como Paypal, utilizada habitualmente por los partners de Youtube, empresas extranjeras que pagan a estos influencers en función de la audiencia generada. En este sentido, Paypal intercambia información con el ministerio para comunicar la actividad de cuentas que realizan operaciones superiores a 2.500 euros o si se detecta algún movimiento sospechoso. 

Pago en especie y promociones encubiertas

Pero no todo es tan sencillo. Desde Hacienda manifiestan que, a veces, seguir el rastro de la actividad económica es una tarea complicada. Más todavía cuando la mayoría de estos prescriptores de tendencias son remunerados a través del pago en especie.  

Según se desprende del informe Estatus y Prácticas de las Relaciones con Influencers de 2015, el 70% de estas personas admiten que la remuneración económica suele ser el método de pago menos habitual. Por tanto, Hacienda desconoce si por publicitar ciertas marcas en las redes sociales a modo de «recomendación» se obtiene un beneficio económico hasta ahora desconocido o, por otro lado, se declara un monto inferior al que se factura.

Influencers-Hacienda: los expertos recomiendan a los ‘influencers‘ total transparencia con los regalos que reciben

“La principal diferencia se encuentra en la legislación respecto a otros países”, explica la directora general de la firma de marketing Influgency, Arantxa Pérez. “En Estados Unidos sí que es obligado declarar este tipo de regalos, mientras que en España sólo se recomienda”, prosigue. 

La postura, no obstante, es diferente a la de otras voces. Expertos fiscales aseguran que si el influencer finalmente termina quedándose con el regalo debe declararlo como un ingreso reflejando su valor de mercado. Por ello, dicen, sería recomendable que la empresa emisora realizara autofacturación, o sea, comunicar al receptor el valor de lo regalado para que éste pudiera incluirlo en sus declaraciones fiscales.

Estructuras societarias y la «buena» conexión wi-fi de Andorra

Para los grandes la situación es bien distinta. Los youtubers más reconocidos crean sus propias sociedades para canalizar los ingresos que perciben a través de la publicidad, la venta de libros o las conferencias. Rubén Doblas, comunmente conocido como El Rubius, el más famoso de España con más de 20 millones de suscriptores, registró unos beneficios netos por valor de 295.422 euros en 2015 a través de su empresa Snofokk, según las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil. 

Otros, sin embargo, quieren más. La última ocurrencia para eludir el pago de impuestos ha llevado a algunos a hacer las maletas y fijar su residencia en Andorra. Los casos más recientes y conocidos han sido los de Frank Garnes (bysTaXx) o Abel Guerra (ByAbeeL). Según explicó uno de ellos, la llamativa razón que le llevó a hacerlo fue la buena conexión a internet que existe en el Principado.

Para realizar esta actuación bajo la legalidad basta con demostrar que se reside allí un mínimo de seis meses al año (183 días) y no tener antecedentes penales. Y es que, a ojos de España, Andorra ya no es un paraíso fiscal desde 2011. La laxa tributación del país vecino es una tentación pero no supone ningún delito de evasión fiscal, por lo que relega la polémica a un debate ético. El cambio, eso sí, es notable entre ambos países: un impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del 10%, frente a cerca del 45% que puede llegar a pagarse en España.