Meirás: González Formoso se desmarca del Gobierno y recurrirá la indemnización a los Franco

La Diputación de A Coruña avanza que seguirá en la batalla judicial por el Pazo de Meirás. El Gobierno del ente provincial ha confirmado que está “decidido” a presentar un recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se establece que el inmueble pertenece al patrimonio público, pero que, al mismo tiempo, establece una indemnización a la familia Franco por los gastos de mantenimiento del inmueble.

La institución presidida por el también alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, entiende que los herederos del dictador «ya se beneficiaron durante muchos años a nivel particular de un uso de un edificio público», por lo que rechazan esta indemnización. Los diputados Bernardo Fernández y Xosé Luís Penas transmitirán esta decisión del gobierno provincial a los miembros de la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás en una reunión telemática este miércoles en la que se reúnen diferentes especialistas, organismos y entidades representadas para analizar el contenido de la sentencia y la situación actual.

«No se debe indemnizar a la familia»

Desde la Diputación de A Coruña consideran que deben dar este paso para «responder a la opinión ampliamente mayoritaria» manifestada por muchos de los miembros de esta plataforma de que «no se debe indemnizar a la familia», un movimiento que contrasta con el del Gobierno central, que anunció que no recurriría el fallo.

En la Xunta Pro Devolución están representados los ayuntamientos de Sada y A Coruña, las universidades, entidades de recuperación de la memoria histórica y especialistas como Emilio Grandío y Xabier Ferreira, autores de los informes histórico-jurídicos con los que la Diputación de A Coruña impulsó una de las vías para la recuperación del pazo.

Manifiesto firmado por más de 2.000 personas

Los representantes de la Diputación de A Coruña en esta plataforma subrayan que esta institución desarrolló «un intenso trabajo participativo» que sumó fuerzas de instituciones y entidades para conseguir «hacer justicia y conseguir recuperar la titularidad pública del Pazo».

Por ello, quiere ahora «llevar esta voluntad hasta las últimas consecuencias», para «conseguir que este capítulo del franquismo llegue a su fin y el Pazo de Meirás pueda ser un espacio compartido socialmente y no privado de la familia del dictador».

Además, «más de 2.000 personas y cien entidades» se han adherido en un solo día al manifiesto Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democrático. “Reclamamos al Gobierno del Estado que interponga a través de la Abogacía del Estado, los correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial del 12 de febrero de 2021, en la defensa de los intereses públicos y de los valores democráticos que nos deben representar como sociedad», señalan sus impulsores, al tiempo que apuntan que se trata de una «deuda histórica con las víctimas del franquismo».