Más impuestos y superávit, la receta de António Costa en Portugal

Todo un desafío político. La aprobación de los primeros presupuestos de la nueva legislatura de António Costa en Portugal, donde gobierna en solitario, sin el popular pacto con la izquierda conocido como geringonça, promete ser un arduo camino ante las críticas de sindicatos, patronal y prácticamente todo el espectro político.

Costa tendrá que emplear a fondo sus dotes de negociador y estratega para que sus cuentas pasen la decisiva votación del 6 de febrero con el grueso de sus medidas intactas, como el inédito superávit del 0,2% del PIB que pretende lograr en 2020. Sería la primera vez que se proyecta un excedente desde que el estreno de la última etapa democrática de Portugal en 1974, ha recordado el ministro de Finanzas, el poderoso Mário Centeno, quien se enfrenta al escepticismo de la oposición y los analistas sobre sus números.

Alza de impuestos indirectos

Aunque Centeno ha insistido en que no habrá subida de impuestos, el documento recoge un aumento de tres décimas en el peso de los impuestos y contribuciones sociales, hasta representar el 35% del PIB. La mayor parte de los incrementos vendrá por vía de impuestos indirectos, como el aumento que se espera del tabaco, las bebidas azucaradas, los vehículos de gasóleo, los créditos para consumo, los espectáculos taurinos o los embalajes de «un solo uso».

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Pero también habrá quien acabe por pagar más en el impuesto sobre la renta (IRS) que se actualizará un 0,3%, lo que implica que trabajadores con una subida salarial superior a ese porcentaje pueden saltar de nivel en la tabla de este gravamen y pagar más de lo que recibirán en concepto de aumento. Además, los portugueses perderán poder de compra, puesto que esa actualización del 0,3% es inferior a la inflación prevista para 2020, en torno al 1,4%.

Compromiso con el superávit

«Es un presupuesto de Estado con muchas deficiencias», ha protestado el Bloco de Esquerda, exsocio de Costa y que afea que el único compromiso sea «con el superávit presupuestario». «No hay fondos para comprar los trenes necesarios para la línea de Sintra, pero hay un beneficio en el Estado de 500 millones de euros», aseveró la diputada del Bloco, Mariana Mortágua, quien dijo que su partido no ha decidido aún el sentido de su voto.

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Al nuevo Gobierno de Costa, que en las elecciones de octubre quedó a apenas ocho escaños de la mayoría absoluta, le basta que el Bloco o el Partido Comunista Portugués, que también apoyó sus cuentas durante su primera legislatura (2015-2019), se abstenga, aunque desea el consenso más amplio posible.

De izquierda a derecha

Al menos por la izquierda, sumida en un novedoso silencio en el caso de los comunistas, imitados por otros partidos de izquierda, como el animalista PAN o el ecologista Livre, que se ha limitado a decir que «analizará» el documento. Por la derecha, se aguarda la posición del PSD (centroderecha), en tanto que el democristiano CDS-PP e Iniciativa Liberal ya han anunciado su esperado rechazo a las cuentas.

Más allá de la política, también hay insatisfacción entre los principales sindicatos del país, la CGTP que califica las cuentas de «desequilibradas y contradictorias» y la UGT, que lamenta que no corresponda a las necesidades de los trabajadores. «No conseguimos entender que los presupuestos no tengan efectivamente un valor para aumentos salariales después de diez años ininterrumpidos sin aumentos salariales para la administración pública», ha destacado el secretario general de UGT, Carlos Silva.

Las recetas de la patronal

Y más dudas también desde la Confederación Empresarial de Portugal, cuyo presidente, António Saraiva, ve «poco ambicioso» el documento. «Más allá de tener un superávit del 0,2% del PIB, lo que está bien, sería mejor si éste se situase en el 0,1%», ha señalado, porque, ha ejemplificado, se contaría así al menos 200 millones para incentivar a empresas.

El presupuesto para 2020 empezará su trámite parlamentario el 9 de enero y debe someterse a votación definitiva el 6 de febrero. Una vez aprobadas, las cuentas entrarán en vigor el 1 de marzo.