Más allá de la contrarreforma laboral: los deberes de Yolanda Díaz
La futura ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se propone reforzar el control de la contratación a tiempo parcial y un nuevo Estatuto de los Trabajadores
Distinguir entre lo urgente y lo importante. Ese será realmente el principal cometido de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, una cartera que nacerá con la Seguridad Social desgajada, y por tanto sin todo aquello que tiene que ver con las pensiones y prestaciones sociales. Sin embargo, la tarea que le espera a la futura ministra es ingente, incluso más allá de la contrarreforma laboral anunciada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
¿Y qué será lo urgente para la nueva ministra de Trabajo, que previsiblemente contará con el economista Manuel Lago en una secretaría de Estado? Pues lo dejaron bien claro los dos firmantes del acuerdo que garantiza el primer Gobierno de coalición en democracia: la derogación de la reforma laboral de 2012. En concreto, Díaz se propone impulsar «en el marco del diálogo social la protección de los trabajadores y recuperar el papel de los convenios colectivos«. En concreto, y con carácter «urgente», se derogará la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
La vuelta a los convenios sectoriales
«También derogaremos», dice el programa de Gobierno firmado, «las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo». La prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales también será derogada.
Y más allá de la contrarreforma laboral, Yolanda Díaz tiene otro encargo: elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. «Previo diálogo con los agentes sociales», dice el acuerdo, «elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario».
A tal efecto, el Gobierno se propone crear un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional.
Salario mínimo y contratos formativos
El tan debatido aumento del Salario Mínimo Interprofesional será otro de los caballos de batalla de Díaz, que tiene el mandato de activar su incremento «hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea». El Gobierno se propone convocar la mesa del Diálogo Social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta. Para ello, Díaz creará una comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del Diálogo Social. Los elementos a tener en cuenta, ya conocidos, serán el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general.
Otro aspecto crítico en el que tendrá mucho que decir la abogada laboralista gallega desde su nuevo puesto es la revisión de los contratos formativos y aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario «para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas». «Impulsaremos la mejora de sus retribuciones y limitaremos el encadenamiento de periodos de prácticas, estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas», dice el Gobierno.
Controles e inspecciones
Reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado, es otro de los objetivos del ministerio. «Para ello, revisaremos la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo completo».
El Gobierno intensificará para ello las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, «particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular». También se endurecerá el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas. Sin embargo, no está del todo clara esta competencia, ya que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un único órgano en dependencia, hasta ahora, del propio ministerio del ramo, pero que tenía bajo su paraguas a la propia Seguridad Social.
