Mas alienta a las masas en la calle para desafiar al Estado

Es la carta que le queda al soberanismo. El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, alienta a las masas en la calle para desafiar al Estado, ante el inicio este lunes del juicio por la causa del 9N. Hasta 40.000 personas se han inscrito en la campaña de la ANC para arropar a Mas y a las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, con el objeto de denunciar «un juicio político», y buscar, por tanto, más apoyos para la causa soberanista y la independencia de Cataluña.

Esa era la imagen que buscaba el ex presidente Mas, y que le ha facilitado la causa judicial por el 9N. Este domingo, y junto a Rigau y Ortega, Mas aseguró que sólo ha pretendido defender la democracia: «No se nos juzga por declarar la independencia sino por poner las urnas para defender la base de la democracia, y el juicio puede ser un acelerador para que más gentes se suban al tren para decidir, y luego ya veremos en qué sentido». Mas añadió que acabará recurriendo a Europa si es inhabilitado.

El argumento de la democracia

Ese es el principal argumento del independentismo que el Gobierno central no ha acertado a desmontar. La causa soberanista defiende que se trata de un «derecho democrático», y que el Estado español presenta una «baja calidad democrática» al no permitir el referéndum, a diferencia del Reino Unido, respecto a Escocia, o al Canadá, respecto a Quebec. Y el primero que defiende esa tesis es el propio Mas. Al margen de la defensa de la legalidad, de la Constitución, de la operación que organizó el gobierno catalán con el 9N, la fuerza de ese argumento ha calado en una parte importante de la sociedad catalana.

Mas buscará este lunes una nueva operación, que se ha madurado en el seno de la ANC. Tiene derecho a no declarar, y si no lo hace será una muestra de que ve el juicio como una operación política por parte del Estado. Hasta el último momento, y en función del éxito de la movilización popular, no timará una decisión.

Pero lo que el juicio de este lunes, con más de 150 autocares movilizados, que dificultarán el acceso a Barcelona en un día laborable, –la concentración comenzará a las 8.15 de la mañana—puede constatar es el inicio de un choque de trenes que no se podrá parar. El independentismo, atrapado por los intereses de sus principales actores, se ve obligado a seguir adelante, y el Govern de la Generalitat, formado por Junts pel Sí, –PDECat y ERC—acabará formalizando la convocatoria del referéndum antes del verano, o justo después.

El árbitro del Pacte Nacional

La movilización de este lunes será el arranque para nuevas marchas, con el Gobierno de Mariano Rajoy también obligado a tomar medidas, o a tenerlas previstas a medida que se avance en la convocatoria del referéndum.

Los dos partidos de Junts pel Sí se miran de reojo. Saben que el primero que trate de rectificar deberá asumir un alto coste electoral. Sólo les queda un recurso, en función de lo que ocurra en los próximos meses: apelar al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, como apuntan varias fuentes consultadas. «Si el Pacto Nacional aboga por una consulta pactada, y si da por hecho que será imposible convocarla de forma unilateral, se podría convocar elecciones, sin forzar las cosas», aseguran las mismas fuentes.

Pero antes de que llegue ese momento, lo que pretende el soberanismo es comprobar su fuerza, ver si puede o no jugarse su futuro en la calle, si esa parte de la sociedad catalana sigue ahí. Y Mas será el primero en alentar a esas masas. A partir de este mismo lunes.