Manifestación multitudinaria contra la mina de Touro

Miles de personas abarrotaron las calles de Santiago y la Praza do Obradoiro en la marcha contra el proyecto de Atalaya Mining para volver a extraer cobre de la antigua mina de Touro. La marcha fue convocada por un centenar de colectivos ciudadanos y tenía como objetivo instar a la Xunta a que no autorice la explotación que ocuparía casi 700 hectáreas de las localidades de Touro y O Pino.

La movilización ha sido una demostración de fuerza tras la ofensiva de la empresa minera, titular de la mina de cobre de Riotinto en Huelva, que lanzó una campaña en la que asegura que la mayoría de los vecinos están a favor de la explotación. Sin embargo, el naufragado proyecto de la mina de oro de Corcoesto ha dejado en Galicia una fuerte organización y concienciación contra este tipo de proyectos, como demuestra la movilización de este domingo.

Sindicatos y oposición al PP apoyan la protesta

Encabezada por una pancarta con el lema Mina no, no queremos una herencia envenenada, portada por un grupo de niños, la multitudinaria protesta ha arrancado pasadas las 12,00 horas en la Alameda y ha concluido dos horas y media más tarde en la Praza do Obradoiro, con el apoyo de los líderes de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos.

Con la participación tanto de los integrantes de la ‘Plataforma Mina Touro-O Pino Non’ como de la ‘Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa’, la marcha ha avanzado alternando música festiva de gaitas y cánticos reivindicativos como «Feijóo, escucha, Galicia está en lucha», y liderada por personas disfrazadas de esqueletos y con guadañas ficticias con el lema «Mina no».

Mensajes a la Xunta

Obdulia Lareo, portavoz de la Plataforma, ha avanzado que los vecinos «seguirán en lucha», ante un proyecto impulsado por las empresas Atalaya Mining y Cobre San Rafael, que reactivaría la antigua mina de cobre que existió en la zona hasta el año 1987 y que consideran que «es contaminante y peligroso».

«Es imposible que este proyecto sea aprobado por una administración que tiene que mirar por los vecinos, no por una empresa foránea que viene a explotar un yacimniento en contra de los vecinos, el Camino de Santiago, el entorno y nuestra forma de vida», ha denunciado, instando a la Xunta a «tomar nota» porque «gobierna para los vecinos no para Atalaya Mining».

Impacto en la agricultura y en el río Ulla

Así, ha puesto de manifiesto los perjuicios que sostiene que supondrá la mina al sector agroganadero, al turismo ante la proximidad del Camino de Santiago, al medio ambiente y a los bancos marisqueros de la ría de Arousa en los que desemboca el río Ulla que pasa por la zona de la mina.

Los opositores a la Mina, que sospechan que la mina podría ser autorizada en agosto, han alertado así de las consecuencias para la comarca de Santiago y la zona de ría de Arousa, de una mina que denuncian que contará con «balsas con lodos altamente contaminantes», «voladuras diarias», que usará «elementos químicos sospechosos de causar cáncer», y provocará vertidos «contaminados» al «agua del Ulla que abastece a más de 155.000 personas».

30.000 familias dedicadas al marisqueo

Ante este temor, también se han sumado a la protesta una importante representación de vecinos de la provincia de Pontevedra, encabezados por la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa.

Su portavoz, Xocas Rubido, ha expuesto que la mina podría afectar al «centro neurálgico» del marisqueo en Galicia y a cerca de «30.000 familias», puesto que en la ría se concentrarían «el 75% de la producción de mejillón y el 45% de las mariscadoras gallegas», según sus datos.

Ante esto, Rubido considera que la Xunta, «con los informes sectoriales que existen en este momento», ya puede «tomar una decisión firme para paralizar el proyecto».

Pendientes de la autorización

En la Praza do Obradoiro, en un palco instalado para el acto al que subieron los niños que portaban la pancarta central como ejemplo del futuro de Galicia que «no merece vivir en un país que esté envenenado», se dio lectura al manifiesto central.

En una plaza abarrotada, los opositores a la mina exigieron a la Xunta de Galicia y a Feijóo que se frene el proyecto y se deniegue la autorización para la explotación minera. También, han demandado la restauración del daño causado por la anterior explotación, y que el gasto sea asumido por «los que se lucraron».

En tercer lugar, solicitaron la caducidad de la concesión por el abandono de la actividad extractiva de cobre, por no tener restaurada la mina y por la contaminación causada.

Balsas como «las torres de la catedral»

En el manifiesto, los organizadores han desgranado los motivos de su oposición al proyecto minero, que supondría la reactivación del que existió hasta 1987, con una nueva explotación que ocuparía, inicialmente, 689 hectáreas pero que sospechan que podría llegar a alcanzar las 2.000.

Una antigua mina que, han denunciado, ha provocado «30 años de herencia envenenada» y una «herencia de ríos y riachuelos fuertemente contaminados», con «cursos de aguas ácidas con metales pesados sin vida que pasan por el Ulla antes de acabar en la ría de Arousa, en donde son visibles sus efectos en zonas como os Lombos do Ulla».

Con el proyecto actual de mina los manifestantes aseguraron que se pretenden «levantar dos enormes balsas con muros más altos que las torres de la Catedral de Santiago«, en donde «meterían más de 100 millones de toneladas de lodos altamente contaminantes» a apenas «200 metros de la aldea de Arinteiro».

Riqueza, para unos pocos

A esto, se sumarían «voladuras diarias» que podrían afectar a los «diques de contención de las balsas», con la amenaza de que la «carga letal» de esos lodos acabase «en la Ría de Arousa», en lo que han afirmado «que sería peor, mucho peor, que el Prestige».

El manifiesto ha continuado advirtiendo que en la separación del «cobre se utilizarían compuestos químicos, algunos de ellos sospechoso de provocar cáncer».

«Se verían seriamente afectadas las actividades agroganaderas, forestales, pesqueras y marisqueras, el cultivo de mejillón, las depuradoras de moluscos, la industria transformadora, el turismo vinculado al Camino Francés y el de la ría, la gastronomía y todas las actividades económicas interrelacionadas», ha proseguido el manifiesto central.

La posible contaminación del agua ha sido otro de los ejes de sus denuncias públicas, al entender que el proyecto utilizaría agua de manantiales y «llegaría al Ulla, que abastece a trece Ayuntamientos y más de 155.000 personas». Asimismo, también han alertado de las consecuencias al turismo, ante la proximidad del Camino Francés.

«Frente a un modelo productivo como el nuestro, capaz de generar riqueza y redistribuirla, la mina, de ser una realidad, solo beneficiaría a unos pocos», que «huírían como ya sucedió antes dejando solo los restos del naufragio en forma de contaminación».