Luz verde de la Xunta a la universidad privada de Abanca
La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE),primera entidad de educación superior de titularidad privada implantada en Galicia, iniciará su actividad el próximo curso 2022/23
La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por Abanca, iniciará su actividad el próximo curso 2022/23, tras la publicación este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del decreto que otorga la autorización por parte de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades.
Tal y como figura en el texto, el decreto fue aprobado por el Consello de la Xunta del 27 de julio y da luz verde al arranque de la actividad docente de la que será la primera universidad privada de Galicia. Su rector será Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, la obra social de Abanca.
En el decreto publicado en el DOG se recoge también el cese de actividad del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), que estaba adscrito a la Universidade de Vigo, dado que ahora dicho centro de educación superior será sustituido por la nueva universidad.
En todo caso, tal y como recoge la norma, la entidad promotora «deberá garantizar» que los alumnos que hubiesen iniciado sus estudios en el IESIDE «puedan finalizarlos hasta completarlos o agotar las convocatorias que correspondan a su plan de estudios y en las condiciones acordadas» en su ingreso.
Cuatro grados y dos másteres
La Universidad Intercontinental de la Empresa, que tendrá su sede en rúa Nova, 33, de Santiago de Compostela, arrancará así su actividad en el curso 2022/23 con dos facultades –la de Administración de Empresas y Derecho, y la de Ingeniería y Tecnología Empresarial– y dos campus –A Coruña y Vigo– en los que se impartirán cuatro grados y dos másteres.
Según el decreto, la nueva institución académica «deberá someterse al procedimiento de supervisión y control» previsto en la ley gallega aprobada el 15 de julio del pasado 2021, que reconoció la fundación de la nueva universidad y que estableció, en su artículo 6, su obligación de «prestar colaboración» con la Administración autonómica para que compruebe los requisitos y compromisos adquiridos mediante las oportunas inspecciones.
Además, el texto que publica este miércoles el DOG supone también la aprobación de sus normas de organización y funcionamiento y prevé el traslado de esta autorización al Ministerio de Universidades para que inscriba el nuevo centro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).