Los sindicatos exigen que Alcoa rescate o indemnice a los trabajadores de Alu Ibérica

Los sindicatos UGT, CC OO, USO, CIG y APC han exigido a Alcoa que cumpla la sentencia de la Audiencia Nacional y recoloque a los trabajadores que «tuvieron que irse por culpa de la situación», además de reclamar a las administraciones que pongan en marcha los mecanismos necesarios para una intervención. Las organizaciones han afirmado así su pretensión de activar las garantías contenidas en el acuerdo del 15 de enero de 2019.

En un comunicado publicado por CC OO, los sindicatos han informado que la petición conjunta es «que a las personas trabajadoras que en aquel entonces tenían menos de 53 años, se les haga entrega o garantía de la cantidad indemnizatoria pactada, y a los mayores de 53, para quienes vamos a exigir que se ponga inmediatamente en marcha el plan de rentas previsto, con la aportación de fondos necesarios. Queremos rescatar también a las trabajadoras y trabajadores que, por culpa de la situación, tuvieron que irse a buscar otro empleo con más futuro».

Las organizaciones de trabajadores señalan que, dado que la venta «fue ficticia», y que el Grupo Alcoa sigue siendo «en realidad» el empleador, será a la multinacional a quien exijan, a través de la Audiencia, que cumpla la sentencia, «aunque todavía no sea firme». Así, han solicitado al tribunal que aclare la fecha de cálculo de las garantías, y que los representantes de los trabajadores fijan en el 31 de julio de 2019, «fecha en la que se materializó la venta de las instalaciones».

Futuras movilizaciones

Al hilo de las peticiones, advierten de que ante «la inacción» del Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias, «no van a cejar en la defensa de los trabajadores, promoviendo las movilizaciones necesarias y demandando la convocatoria de las mesas de negociación paralizadas para garantizar una solución de futuro».

Los sindicatos reclaman a las administraciones la puesta en marcha de los mecanismos, que en su caso sean necesarios, para «una intervención pública que permita la búsqueda de un plan industrial que garantice todo el empleo y la plena puesta en actividad de las plantas». En su sentencia, la Audiencia Nacional ordenaba cumplir esa medida alternativa pactada al haberse «incumplido» la medida complementaria consistente en la reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y riguroso.