Los riesgos políticos que boicotearán el mayor rascacielos de Europa

«Tenemos una interlocución fluida y cordial con el ayuntamiento, pero sin llegar a entendimiento alguno. No sabemos qué quieren hacer. Nos sentimos indefensos. No es de recibo lo que está pasando».

Con este tono, un tanto desesperado, se ha expresado Antonio Béjar, el hombre que BBVA puso el pasado año al frente de la sociedad Distrito Castellana Norte Madrid (DCNM). La empresa planea construir el rescacielos más alto de Europa que, debido a la carencia de interlocución política, corre riesgos de quedarse en papel mojado.

Ni la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ni el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo –con quienes Béjar y su equipo se unieron hace dos semanas–, se avienen, según los responsables de DCNM, a dar explicación alguna de cuáles son sus intenciones en relación a la aprobación definitiva del plan parcial que posibilite el inicio de las obras de urbanización de la operación Chamartín.

Ante esta situación, «les hemos remitido 11 preguntas y no nos han respondido», decía Béjar durante la celebración de un Foro de Urbanismo Sostenible.

Son cuestiones relativas al alcance jurídico que podrían tener las conclusiones que se extraigan de las cuatro mesas asamblearias que, en los últimos tres meses, ha promovido el Ayuntamiento de Madrid. Intenta conocer si los vecinos de los vecinos de los barrios aledaños al ámbito están o no de acuerdo con el proyecto planteado, que fue aprobado inicialmente por la anterior corporación municipal, presidida por Ana Botella.

Inquirido Béjar sobre las consecuencias que, sobre el proyecto, pudiera tener una nueva convocatoria de elecciones generales dentro de dos semanas, el presidente de Distrito Castellana Norte entiende que ninguna.

Llevar el plan al Pleno, el paso definitivo

«La terminación del plan solo depende del ayuntamiento. De que lo lleven al pleno y lo aprueben. Otra cosa sería que dieran marcha atrás. Si se planteara otro proyecto, habría que contar de nuevo con Fomento», apuntaba Béjar, en una improvisada reunión con los medios en el curso de un Foro de Urbanismo Sostenible, patrocinado por la propia sociedad promotora de la operación Chamartín.

En ese caso, sí que el proyecto quedaría ya definitivamente cancelado. No haría falta llegar a la fecha límite del próximo 31 de diciembre, pactada contractualmente entre ADIF y Distrito Castellana Norte –la sociedad participada mayoritariamente por el BBVA y en las que también interviene el grupo constructor gallego San José– para dar carpetazo definitivo al proyecto, caso de que, para entonces, el Ayuntamiento no lo hubiera aprobado. 

Mover los hilos a todos los niveles

Ante esta situación, y a la vista de cómo el grupo chino Wanda ha empezado a obtener resultados tras presionar al Ayuntamiento en la reforma del Edificio España– los responsables de Distrito Castellana Norte han empezado a mover los hilos para tratar de que el equipo de Carmena cambie de postura.

«Hoy por hoy no tenemos intención alguna de judicializar el proyecto, pero eso no quita para que, si los vemos dañados, defendamos nuestros intereses», respondía Béjar al ser requerido ante la posibilidad de forzar la máquina para que el Ayuntamiento reaccione en uno u otro sentido.

La mayor torre de Europa, con más de 300 metros

Mientras tanto, la presión va a empezar a realizarse de manera solapada. Con esa idea patrocinaba Distrito Castellana Norte Madrid un Foro de Urbanismo Sostenible, al que fueron invitados arquitectos, promotores y consultores inmobiliarios para respaldar las mil y una bondades de un proyecto que, según Béjar, «cuenta con el respaldo masivo del 80% de los madrileños».

Entre las novedades presentadas, que la operación Chamartín, tal y como está planteada, tendría seis grandes rascacielos. Cinco de una altura similar a la que tienen las cuatro torres levantadas sobre la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, y una quinta de más de 300 metros de altura, que sería la más alta de Europa.