Los ganaderos demandarán a Inleit, la láctea mimada por la Xunta
Una veintena de explotaciones se preparan para llevar a Inleit, titular de la mayor planta láctea de Galicia, a los tribunales por impagos
Un grupo de ganaderos prepara una demanda contra Inleit, la empresa láctea que gestiona la planta más grande de Galicia desde Curtis y que recibió millonarias subvenciones de la Xunta para desarrollar su proyecto en la comunidad.
La antigua Goodleit, una alianza entre Grupo Lácteos Industriales Agrupados (Liasa) y la estadounidense Rich Products Corporation, aplicó desde julio un recorte en el pago de la leche en origen, cambiando los contratos anuales por unos nuevos de tres meses de duración con 29 céntimos por litro garantizados y una parte variable que se sumaría en forma de pluses.
La empresa justificó el cambio por la inestabilidad generada en el mercado por el Covid-19 y que provocó el “desplome del mercado de la leche”, con una bajada “drástica” de los precios, según comunicó Inleit el 30 de junio.
Recorte de entre dos y tres céntimos por litro
Ahora, una veintena de ganaderos se prepara para llevar a Inleit a los tribunales por impagos. Según explican en Unións Agrarias, la semana pasada se han celebrado reuniones para preparar la demanda por incumplir los contratos firmados por un año de duración –es decir, los anteriores a la modificación que aplicó en julio– y para reclamar los “entre dos y tres céntimos” por litro que recortó en el pago a las granjas.
El sindicato ya había denunciado a Inleit ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) del Ministerio de Agricultura por lo que consideró una modificación unilateral de los contratos para forzar una bajada en el precio de la leche en origen.
La empresa trabaja con unas 200 explotaciones en su red de suministro. De estas, unos 53 proveedores finalizaban su contrato el 30 de junio, por lo que se le aplicó el nuevo contrato en lugar de la renovación. Al resto, Inleit les comunicó la nueva fórmula y los motivos que le llevaban a cambiar los contratos, para los que estableció una “prórroga” automática.
También se comprometió a incrementar el precio base “en el momento en que los precios del mercado europeo se recuperen a niveles anteriores a la crisis del coronavirus”.
