Los Franco vuelven a la carga y piden retirar todos los bienes del interior de Meirás
La familia Franco pide permiso al juzgado para llevarse bienes del interior de Meirás después de que la Abogacía del Estado abriese la puerta a hacer lo propio con los electrodomésticos
La familia Franco vuelve a batallar con el Estado con el Pazo de Meirás como telón de fondo. Los herederos del dictador han registrado ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña un escrito en el que solicitan la retirada de «todos los bienes y objetos» que hay en el interior del histórico inmueble diseñado por la escritora Emilia Pardo Bazán.
Los Franco mueven ficha así después de que la Dirección General del Patrimonio del Estado plantease, a través de la Abogacía General, que la familia del dictador pudiese llevarse del pazo sadense tanto electrodomésticos como bienes sin inventariar, aunque también dejaba abierta la posibilidad a otros que sí estuviesen en el inventario -realizado el pasado 11 de noviembre- en la medida que fuera posible «precisar mejor su grado de conexión» como BIC o en relación también a «los usos futuros» del inmueble.
Los argumentos de los Franco
Es por ello que los herederos de Franco reflejan en su escrito que «no consta» que ninguno de los objetos del interior del inmueble «aporten algo» a su distinción como Bien de Interés Cultural (BIC) o «comprometan» sus posibles usos definitivos.
Ante la falta de prueba que señalan los antiguos titulares del Pazo de Meirás, consideran que la autorización para la retirada «habría de hacerse extensiva a todos y cada uno de los bienes muebles» de su interior «y, por ende, a todos los detallados en el inventario», porque «no consta que ninguno de ellos aporte algo» a la distinción como BIC.
«De no hacerlo así, la medida cautelar adoptada se convertiría en una medida excesivamente gravosa para mis representados -escribe la procuradora de los Franco- que se verían así imposibilitados de disfrutar y disponer de un considerable número de bienes muebles de su propiedad sin que exista una mínima justificación razonable», añade el documento.