Los Franco proponen al Estado que les compre los bienes de Meirás
El abogado de la familia del dictador abre la puerta a vender los bienes del interior del Pazo de Meirás a “un precio razonable, aunque sea simbólico"
Vista del Pazo de Meirás en el concello coruñés de Sada | EFE
Los Franco se abren a la venta de los bienes que se encuentran en el interior del Pazo de Meirás. Así lo ha trasladado el abogado de la familia, Antonio Gil, en la vista sobre las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en relación al inventario de los bienes del Pazo de Meirás y la prohibición de trasladarlos hasta que lo acuerde la jueza.
Según Gil, la familia Franco vería con buenos ojos la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que estos bienes queden en el inmueble a cambio de “un precio razonable, aunque sea simbólico». El movimiento se produce ante la próxima ejecución provisional de la sentencia, que fija en el día 10 de diciembre la entrega del inmueble a titularidad estatal, contra la que los Franco han recurrido para pedir que se les otorgue mayor plazo, una petición rechazada por los demandantes.
Presión de la Abogacía del Estado
La Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa, habían reclamado el depósito judicial de los bienes hasta que no hubiese una sentencia definitiva, algo que el abogado del Estado, Javier Suárez, justificó por la «alarma» generada ante el anuncio de que iban a retirar los bienes del inmueble.
«Había datos que nos hacían aventurar que iba a haber un vaciado completo», ha expuesto. Además, los demandantes la han relacionado con la necesidad de dirimir, en su momento, que bienes estarían vinculados a la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC). «No fueron objeto de la sentencia», ha replicado el letrado de los Franco, quien ha desvinculado los bienes del propio inmueble. «La mayor parte de las cosas las pusieron ellos», ha dicho sobre la familia Franco, cuya petición de destrucción del inventario, una vez realizado, ha sido rechazada también por las administraciones personadas.
