Los Franco piden 13 años de prisión para líderes del BNG
La familia del dictador pide hasta 13 años de prisión para los activistas del BNG implicados en la "ocupación simbólica" de la Casa Cornide
La familia Franco suma y sigue en su juicio contra los dirigentes del BNG que en septiembre de 2017 realizaron una “ocupación simbólica” de la Casa Cornide. Los siete nietos del dictador han logrado aplazar la vista por este juicio al solicitar que se eleven las penas para los nueve activistas del partido nacionalista que participaron en la protesta.
El cabeza de lista del BNG al Congreso por A Coruña e integrante del colectivo 19 de Meirás que protagonizó otra ocupación simbólica en el Pazo de Meirás, Néstor Rego, ha explicado que el juicio fue «suspendido» porque los siete nietos de Franco consideran que la calificación como delito de faltas que tenía establecido el juez «no era suficiente».
Según ha informado el dirigente nacionalista, la familia del dictador solicita que se les imputen cuatro delitos, «entre ellos alguno que ya utilizó en el caso del Pazo de Meirás» como «violación de morada o delito de honor» que, conforme ha señalado, podrían suponer «penas de hasta 13 años de prisión». «Nos parece un despropósito desde el punto de vista político y jurídico», ha manifestado Rego, que ha subrayado que el BNG, formación a la que están vinculados los activistas que protagonizaron los actos simbólicos, «no se va a echar atrás».
«Vamos a mantener con firmeza la recuperación de todo el patrimonio robado por el dictador Franco y vamos a plantar cara, incluso este 10 de noviembre para que el BNG pueda ser una garantía firme de la defensa de la democracia y los derechos también en el Congreso», ha subrayado.
Vía libre a la Xunta y Sada por el Pazo de Meirás
Los Franco sí han recibido un varapalo judicial de la mano del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, que ha desestimado el recurso de la familia del dictador contra la personación del concello de Sada y de la Xunta de Galicia en la demanda interpuesta por el Estado contra los Franco por la propiedad del Pazo de Meirás.
Según asegura el concello, en su resolución, el juzgado confirma que «el personamiento de ambas administraciones [tanto Sada como la Xunta de Galicia] es un derecho reconocido legalmente». «Su interés existe y es perfectamente compatible con la igualdad de armas», indica. El Consistorio de Sada considera que con este fallo la justicia «echa por tierra el burdo intento» de la familia de «querer apartar al Ayuntamiento de la demanda que tiene como objetivo la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás».
