Los bancos rechazan el intervencionismo del Govern sobre las viviendas

El Govern de Artur Mas se ha despertado ahora, a dos meses de las elecciones municipales para paliar los problemas de las familias que pueden ser desahuciadas. Pero su proyecto de que las entidades financieras les vendan, primero, a la Generalitat los pisos que reciban por desahucios, no ha sido bien digerido.

El Govern aprobó este martes un decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para proteger las familias en situación de vulnerabilidad. La idea es que la Generalitat tenga derecho de tanteo y retracto, compra preferente, sobre las viviendas que estén en manos de las entidades y sobre las que pese un proceso de ejecución hipotecaria.

El objetivo es evitar desahucios. Pero, para los bancos, la medida llega tarde, porque ya se han ocupado de ello.

Impedir la venta a fondos buitre

El Govern asegura que en 2014, con los datos del INE, se produjeron 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, de las que algo más de 12.000 correspondían a pisos de segunda mano. Lo que se quiere impedir es que los bancos los vendan a fondos internacionales a precios reducidos. La media de esas ventas es de 30.000 euros, según fuentes del Govern.

Las entidades consultadas, como Banc Sabadell y CaixaBank, rechazan que deba ser ahora el momento para tomar esas medidas, al entender que «el intervencionismo» no es una buena medida. Máxime cuando, según muestran, ellas mismas ya se ocupan de que paliar la situación de sus clientes.

Viviendas a disposición de colectivos vulnerables

En el caso de Banc Sabadell, entre otras actuaciones, se asegura que hay 3.031 viviendas en alquiler social a clientes, como resultado de adjudicaciones judiciales y daciones en pago. La entidad mantiene que no realiza desahucios, ni tiene la intención de forzar a sus clientes con riesgo de exclusión social a abandonar sus viviendas. Y que tampoco los negocia con fondos especulativos o fondos buitre.

CaixaBank mantiene la misma política, y se busca refinanciar esas viviendas. En 2014, se asegura que se comercializaron 35.870 inmuebles. Y que hay 23.600 pisos a disposición de los colectivos con menos recursos, con precios inferiores a los de mercado.

La Generalitat, de hecho, dispone de un paquete de viviendas sociales. El departamento de Territori asegura que tiene 1.000 pisos vacíos, pero que, sin embargo, no tienen salida porque están en municipios de escasa o nula demanda. Los alquileres son de 80 o 90 euros, pero siguen vacíos.

La demanda está en 72 municipios

Por ello, el interés del Govern es resolver el problema en los 72 ayuntamientos, en Barcelona y el área metropolitana, donde sí existe esa demanda. Y comprar a las entidades las viviendas para ofrecerlas con contratos de alquiler. Para ello dispone de una partida inicial de ocho millones de euros, que se podría ampliar a 26 millones, contando con los ingresos por el impuesto a los bancos que tengan pisos vacíos. Con ello, podría introducir en el mercado unas 500 viviendas.

Pero, ¿es ahora cuando lo debe hacer el Govern? La medida que defiende el conseller de Territori, Santi Vila, estaba prevista en la Ley de Vivienda del tripartito que presidió José Montilla. CiU la criticó, y, de hecho, el Govern de Artur Mas la eliminó en 2011. El argumento es que se preveía la cesión de forma obligatoria. Ahora no será obligatorio, pero se impondrán multas.

Acentuar el alma social

Las entidades –también la Sareb, la gestora del banco malo— que se ven condicionadas por esas medidas, muestran sus recelos.

Y es que se incluye la obligación a las entidades –en este caso sí– de que ejecuten obras de rehabilitación de las viviendas vacías que procedan de ejecuciones hipotecarias. Tendrán seis meses para hacerlo, y si no las realizan, podrían ser sancionadas con multas de hasta 90.000 euros.

Llegan elecciones. Las municipales y las catalanas. Y el Govern quiere ahora acentuar su alma más social.