Las víctimas de Angrois arremeten contra la Xunta y la Justicia por el nuevo retraso en el juicio

La Plataforma de Víctimas del Alvia 0415 ve un «despropósito» en el nuevo aplazamiento del juicio sobre el accidente de Angrois. A través de un comunicado, las víctimas del siniestro ferroviario en el que fallecieron 80 personas en Santiago en 2013 cargan contra la administración gallega de justicia después de que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, haya anunciado que no será hasta después del verano cuando se celebre la vista oral.

Según recuerdan en su escrito, hace apenas unos meses el propio presidente del TSXG hablaba de comienzo de 2022 como fecha para el juicio, mientras hace unos días el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, decía que sería antes del verano. Igualmente, recuerda que le enviaron una misiva el pasado mes de noviembre al responsable del TSXG, en la que le instaban a poner «todo el esfuerzo y los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar que el juicio comience en el primer trimestre de 2022». «Finalmente recibimos su respuesta por escrito y nos indicó que lo veía realista. Lo verdaderamente realista es que no va a ser así», censuran.

«Para justificar este nuevo retraso, el señor Castroverde ha señalado que se debe a la complejidad del caso», explican, así como que «tendrá más 600 testigos y peritos, lo que supone una labor ingente administrativa». Si bien las víctimas admiten lo «complejo» del caso, resaltan que, «durante la instrucción, se han acumulado retrasos y errores por parte del juzgado».

El blanco de las críticas de las víctimas

En este sentido, las víctimas recalcan que los tiempos de la justicia son «un problema estructural», algo que unido al cambio de juez en el caso y «la inacción total del primer fiscal que tuvo que ser sustituido» o «ocultación y demora de entrega documentos por parte de Renfe y Adif (hasta 4 años)» ha desembocado en este nuevo retraso.

La plataforma también se queja de «peritos impuestos por la Xunta sin experiencia ferroviaria que demoraban y plagiaban otros informes». «Sin ir más lejos, y por poner un ejemplo concreto, después de mucho insistir, logramos que en junio de 2017 el juez instructor formulara varias preguntas claves a la Agencia Ferroviaria Europea. Para nuestro asombro, la respuestas no llegaron hasta marzo de 2018, y la causa fue que el juzgado se equivocó de dirección postal, pese a estar en la instrucción y en la propia web de la Agencia», relatan. «Es más, no fue el juzgado quien se dio cuenta del error, sino las partes personadas», apostillan, antes de recordar unas palabras del propio Castroverde en las que afirmaba que «una justicia lenta no es justicia».