Las patronales del transporte llevan a los tribunales el plan de la Xunta

Anetra, Fegabús y Transgacar recurren ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la primera fase del plan de transporte de la Xunta

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El conflicto del transporte en Galicia sigue lejos de apaciguarse. Las patronales Anetra, Fegabús y Transgacar han anunciado este miércoles la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra la primera fase del plan de transporte de la Xunta y su procedimiento administrativo.

Con esta medida, las federaciones buscan la anulación del pliego de condiciones del concurso de los 41 nuevos contratos, que ya suma más de un centenar de firmas interesadas. También pretenden que se suspenda el expediente de contratación hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto, según explican a través de un comunicado.

Las patronales piden que se suspenda el concurso de las nuevas líneas hasta que el tribunal se pronuncie

«La inamovible posición mantenida por la Xunta de Galicia en relación a su plan de transporte público, un proyecto que transcurrido el periodo de alegaciones se confirma que condena al sector a una compleja situación de incertidumbre e inestabilidad, dejó finalmente una única puerta a las empresas y a tres de las federaciones que las representan: los tribunales», destacan, un camino “similar”, al que siguieron por su cuenta otras empresas de autobuses.

Contra la adjudicación directa

La base principal de su impugnación, según indican, es «precisamente el camino elegido por la Administración en este procedimiento», es decir, la adjudicación «directa» de los contratos en vez de utilizar un procedimiento abierto. Esa vía tiene un carácter extraordinario y la Xunta, según estas federaciones, «prácticamente no justifica su uso, salvo con una puntual referencia en los pliegos al manido argumento de que en agosto supuestamente pueden quedar sin servicio decenas de líneas de autobús».

Las patronales insisten en que la conselleira «puede ampliar un año más el plazo que ella misma fijó para este agosto como fecha de caducidad del deber que impuso a las empresas para seguir atendiendo las rutas mientras tramitaba y redactaba su plan».

Contratos ruinosos

El otra parte del recurso advierten de la “evidente insuficiencia económica” de los contratos, que “complicará o casi imposibilitará el cumplimiento de los deberes que se están negociando con los sindicatos”, lo que provocará que las empresas se vean “condenadas a elegir entre quedar sin carga de trabajo u optar a unas concesiones ruinosas”.

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