Las okupaciones repuntan en Galicia con A Coruña como ciudad más afectada
Un informe de las inmobiliarias gallegas cifra en 660 las okupaciones durante 2022, el 66% en el norte de la comunidad
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) ha hecho un nuevo llamamiento al desalojo exprés de las viviendas okupadas. La patronal se posiciona a favor de aplicar las modificaciones legislativas necesarias para agilizar los desalojos y para que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas. Lo ha hecho apoyándose en datos. Un informe de la organización advierte de un incremento de las ocupaciones ilegales y de que los propietarios en muchas ocasiones ni siquiera denuncian ante la inseguridad jurídica y la lentitud judicial.
Los datos recopilados por Fegein indican que el norte de Galicia acaparó el 66% de las okupaciones en 2022, que habrían afectado a más de 660 propiedades. La ciudad más castigada habría sido A Coruña, seguida de Vigo y Lugo. De hecho, la provincia coruñesa concentró la mitad de los casos durante el pasado año, según el documento. En Pontevedra se produjeron un 24%, Lugo un 16% y Ourense un 10% del total.
En conjunto, las okupaciones se habrían incrementado un 15,3% en la comparativa interanual, lo que supone un máximo histórico en la comunidad.
Las zonas favoritas de los okupas
«La problemática de la okupacion de una propiedad se está cronificando el Galicia constituyendo ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando en las ciudades y municipios costeros más turísticos», recalca Fegein en un estudio que detalla las zonas y barrios más afectados en las urbes:
Lugo: las zonas de A Milagrosa, el Sagrado Corazón y A Piringalla son las más afectadas, también en rúa Carril do Mercado. Especial preocupación en cuatro zonas: el barrio de A Milagrosa, As Gándaras, el barrio Feijóo y A Chanca. También en municipios como Castroverde.
Vigo: Teis, Calvario, Cabral, Travesía de Vigo y calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto, calle Progreso, Gran Vía y Alfonso XII, además de varias calles del Casco Vello.
A Coruña: La Barrera, Varela Silvari, Avenida de Arteixo, calle San Lucas o calle Barcelona, Monte alto, Avenida de Peruleiro, Calle de la Paz, Ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, Eladio Rodríguez, Calle Noia y Padre Busto.
Ferrol: Ciudad Jardín, el barrio de Recimil, O Bertón y Orzán.
Santiago: Pexigo, Rúa de Belvís, Rueiro de Figueiriñas,San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio.
Ourense: Celso Emilio Ferreiro, As Burgas y varias calles del casco antiguo, Vinteún, Avenida de Portugal, Avenida de Zamora, Mariñamansa y, la zona más problemática, el barrio de O Couto.
Añade la organización que también se registran un número relevante de okupaciones en Boiro y Ribeira.
Un procedimiento judicial de 15 meses
Fegein alerta que una vivienda okupada puede perder hasta el 50% de su valor y que la duración media de los procedimientos judiciales de desalojo en Galicia es de 15 meses, mientras que la media española es de 18 meses de duración.
La patronal señala que es fundamental reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin esperar la autorización judicial. Respaldan las propuestas de la Comunidad de Madrid para que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas.
Inseguridad y depreciación de las viviendas
El presidente de Fegein, Benito Iglesias, señala varias líneas prioritarias de actuación: «recuperar del Código Penal
el delito de usurpación de bienes inmuebles; impedir desde las administraciones públicas el empadronamiento de las personas que okupen ilegalmente una propiedad privada; y un endurecimiento de las penas en caso de que se traten de grupos mafiosos quienes estén detrás de okupaciones que únicamente buscan un fin económico ilegal y extorsionador».
«Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el de resto de propiedades de la zona», añade.