Constructoras y sindicatos cargan contra la Diputación de A Coruña
Los agentes sociales critican los "precios de derribo" del ente provincial con el sistema de pujas que "precariza" el empleo y pone en jaque a las empresas
La patronal de la construcción de A Coruña y los sindicatos arremeten contra la Diputación, a la que acusan de poner en riesgo la viabilidad de empresas del sector y de precarizar el empleo. En concreto, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construción de A Coruña (Apecco), Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT) se rebelan contra la “sobreutilización del sistema de pujas” del ente provincial a la hora de adjudicar obra pública.
Según sus datos, este procedimiento de criterio único (el precio) se aplicó en el 90% de las licitaciones del año pasado. Según un documento elaborado por los agentes sociales, esta situación provocó un recorte de 3,8 millones de euros en los ingresos del sector. “Obras licitadas por más de 10,2 millones se adjudicaron finalmente en apenas 6,4 millones”, subrayan.
Los precios ahogan al sector
La asociación presidida por Diego Vázquez Reino y los sindicatos califican esta política de la Diputación de A Coruña como una “estrategia perniciosa” que provoca “precarización del empleo” y pone en jaque “la sostenibilidad de empresas del sector». Además, aseguran que el foco en un único criterio (el precio) contraviene la Lei de Contratos do Sector Público. En ella se establece que “la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”.
Por todo ello, exigen una vuelta de tuerca en las licitaciones de obra pública que permita, entre otras cosas, dinamizar la actividad económica en la provincia. Según sus cálculos, “cada euro invertido duplica su valor en actividad económica” y cada millón de euros invertidos “crea aproximadamente 60 puestos de trabajo directos e indirectos”. Además, según sus estimaciones, elevar los precios de la obra pública no tendría un impacto decisivo en las cuentas públicas. Y es que “el propio Estado recupera el 50% del gasto en inversiones vía impuestos, tasas y cotizaciones sociales”, argumentan.
