La Xunta se resigna ante la Ley de Vivienda: «No queda más remedio que cumplirla»

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha expresado su disconformidad sobre la normativa, pero ha asegurado que "quien diga que no" la va a cumplir "está cometiendo una ilegalidad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la firma del convenio entre el IGVS y el Consello da Avogacía Galega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la firma del convenio entre el IGVS y el Consello da Avogacía Galega

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La Xunta de Galicia reacciona a la Ley de Vivienda. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes tras la firma de un convenio con abogados para la asistencia a personas cuya vivienda haya sido ocupada de forma ilegal, ha asumido que el Ejecutivo autonómico cumplirá la normativa del Gobierno central porque «no queda más remedio».

A su juicio, la Xunta «siempre va a cumplir las leyes» y ha añadido que «quien diga que no» lo va a hacer «está cometiendo una ilegalidad». En cualquier caso, ha argumentado que «otra cosa es si hay aspectos inconcretos». «Veremos hasta qué punto llega esa obligación y quién tiene que ejercerla», ha advertido.

Rueda ha desvelado que no tiene todavía «decidido» si recurrirá ante el Tribunal Constitucional una ley de la que ha censurado que «tiene aspectos inconcretos» y ha afirmado que el Gobierno gallego la está estudiando y verá «hasta qué punto llega esa obligación y quién tiene que ejercerla».

Las críticas de la Xunta

Lo que se trata, según ha esgrimido en un discurso con reproches velados y también explícitos a la ley estatal, es de «solucionar los problemas derivados de todo lo que rodea a la vivienda». «Se trata de solucionar problemas, no de crearlos», ha incidido.

En este sentido, ha añadido que el derecho a la vivienda debe entenderse, a juicio de la Xunta, «en sentido amplio» y «no se puede interpretar solo en un sentido como parece hacer la nueva Ley de Vivienda«.

Si se plantea ese recurso, se dirigirá, ha precisado, a esos «aspectos» que la Xunta cree «perjudiciales», para que se cambien o anulen. «Lo responsable es estudiarla bien y hasta qué punto nos atribuye obligaciones y responsabilidades», ha ahondado. Por último, sobre los plazos para tomar esa decisión, ha contestado que son los «legales para decidir si se recurre o no ante el Constitucional».

Además, el mandatario gallego ha apelado al diálogo en el seno de la comisión bilateral con el Estado. «Veremos si -el Gobierno central- tiene ese talante negociador del que tanto presume», ha espetado.

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