La Xunta se enfrenta a una denuncia por prevaricación en el caso de las 54 vacas envenenadas

Han pasado más de cuatro meses desde que el propietario de la explotación de Santa Comba en la que murieron 54 vacas presuntamente envenenadas, puso los hechos en conocimiento del Seprona, de la Consellería Medio Rural y de asociaciones ecologistas. Desde entonces, sigue a la espera de una respuesta por parte de la Administración para poder continuar con el normal desarrollo de su actividad.

Cansado de preguntar por los resultados de los análisis realizados por veterinarios y técnicos de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta en la última semana del mes de marzo sin obtener respuesta –tomaron muestras de leche, así como del forraje almacenado en el silo del que se alimentan los animales–, los abogados que llevan el caso amenazan con llevar a la Administración ante los tribunales «por un supuesto delito de prevaricación por omisión».

Prevaricación por omisión

Y lo hace por escrito, a través de los requerimientos de información, hasta cinco, que presentó ante las consellerías de Medio Ambiente y de Medio Rural.

En el documento, los representantes legales del afectado alertan de la «consumación de un delito por prevarición por omisión por no resolver la retirada del silo contaminado, ya que los hechos reseñados tienen un presunta tipificación penal en el artículo 404 del Código Penal». 

Y añaden que la posición pasiva de la Administración implica que «no tiene la voluntad de resolver» ni de «aplicar la legalidad vigente», dejando simplemente que el paso del tiempo «deje pudrir los hechos».

«Entendemos que el presunto delito denunciado de prevaricación, encaja en el presente punto; por eso consideremos fundamental acceder a la documental del expediente y diligencias peticionadas en el mismo sentido y que no han sido respondidas», concluye el documento, el quinto remitido al Gobierno gallego.

Con el agua al cuello

El ganadero afectado relata en una de las comunicaciones que la firma a la que vendía la leche dejó de recogerle después de la alarma social generada tras poner el caso en conocimiento de las autoridades, a pesar de someterla semanalmente a los controles del Ligal que establece la ley.

Esta situación, denuncia, puede conllevar el cierre de la explotación familiar, que al igual que muchas otras se encuentra ya en una delicada situación por la crisis del sector, pero que se está viendo agravada por la «incertidumbre y pasividad de los poderes públicos».

Silo contaminado

Esa «pasividad» se manifiesta, entre otras cosas, en la no retirada del silo contaminado, en el que los análisis de técnicos y veterinarios detectaron productos químicos con altas dosis de níquel y cobre, así como la presencia de un producto denominado ‘Mebezonio’.

Como apunta el escrito, el hecho de que la Administración no actúe puede suponer la contaminación del suelo, con el riesgo que ello entraña para la salud y el medio ambiente.