La Xunta promete préstamos, subvenciones y ayudas fiscales a proyectos renovables y minas
El normativa que crea el canon a la eólica marina y habilita a la Xunta para participar en los proyectos también prevé la concesión de financiación pública, avales o desgravaciones para garantizar su viabilidad económica
La Xunta ha hecho público el anteproyecto de ley de promoción de los beneficios sociales y económicos, el instrumento normativo con el que pretende garantizar que las iniciativas empresariales que aprovechen los recursos naturales de Galicia, tales como los parques eólicos o las minas, tengan un impacto positivo a nivel social. El Gobierno gallego quiere que este tipo de proyectos partan de una corresponsabilidad territorial y social, en aspectos como la reinversión del beneficio en el enclave donde se asientan, la generación de empleo local, la participación de pymes gallegas o la reducción de la huella de carbono. Estos criterios pasarán a formar parte de los elementos a evaluar para la propia autorización ambiental.
El anteproyecto de ley, que incorpora el anunciado canon a la eólica marina y regula la toma de participaciones en empresas por parte de la Xunta, prevé canalizar ayudas hacia las iniciativas que se desarrollen en base a esta filosofía. En su artículo 25, contempla promover «instrumentos de financiación» para «facilitar la ejecución de los proyectos, dotándolos de una rentabilidad suficiente como para hacerlos económicamente viables».
Ayudas y subvenciones
Entre las fórmulas que contempla la normativa están casi todas las posibles. «Los instrumentos financieros previstos podrán tener forma de subvención de capital, otro tipo de subvenciones y bonificaciones, instrumentos de capital o cuasicapital, participaciones de capital, préstamos participativos, créditos, préstamos y garantías y deducciones fiscales a la inversión, préstamos subvencionados, garantías, titulaciones y asistencia técnica, entre otras», dice el anteproyecto.
Además, la Xunta también prevé apoyar a los proyectos amparados por la nueva ley para que se canalicen en contratos de suministro energético a largo plazo (PPA).