La Xunta pide al Gobierno que arme un frente con Francia e Irlanda en Bruselas por el veto al arrastre
La conselleira do Mar pide al Ejecutivo central que se alíe con Francia e Irlanda para que el comisario de Pesca "dé un paso atrás" con el veto a la pesca de arrastre en 87 áreas de aguas comunitarias
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante una intervención en el Parlamento de Galicia
La Xunta de Galicia pone más deberes al Gobierno central por el veto de la Unión Europea a la pesca de arrastre en 87 áreas de aguas comunitarias. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha reclamado en declaraciones a la Radio Galega este domingo que el Ejecutivo central presione a Bruselas de la mano de Francia e Irlanda para hacer «recapacitar al comisario».
«Esperemos sean capaces de que el comisario dé un paso atrás y revise todos los informes y datos disponibles», ha aseverado la conselleira do Mar que ha tachado de «sinsentido» el veto a la pesca de fondo. A su juicio, es el Gobierno central el que está legitimado para presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha afirmado que todas las autonomías –Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria y Andalucía– contribuirían en la búsqueda de argumentos jurídicos y datos con los que justificarlo.
En caso de que el Ejecutivo central no actúe, la conselleira ha avanzado que armadores y administración autonómica buscarán «los fundamentos en los que basar los recursos a presentar». En todo caso, ha explicado que las comunidades autónomas «no son órganos legítimos» para poder presentar este recurso, ya que no sería sencillo «acreditar el impacto directo que tiene sobre la comunidad», mientras que «sí tiene un impacto directo para el Estado y para los propios armadores».
¿Suspensión cautelar antes del 9 de octubre?
Además, Rosa Quintana ha asegurado que una posible suspensión cautelar de la medida antes del 9 de octubre, cuando entraría en vigor, depende de «la voluntad que tenga el comisario». Sin embargo, «con la respuesta social que está teniendo» ha apelado también a la necesidad de que los tribunales sean «conscientes» del impacto que tendría el veto en una «actividad económica fundamental para la producción de alimentos de calidad».
«En un momento en el que tanto hablamos del cambio climático, no se puede olvidar que la obtención de proteína marina tiene una baja huella de carbono y nula huella hídrica al tiempo que estamos ante un sector que ha acreditado que trabaja ajustado a las normas establecidas en el ámbito de la Unión Europea», ha reivindicado.
Asimismo, ha avanzado que el próximo viernes está prevista una reunión en Cantabria de todas las comunidades autónomas del Cantábrico y Andalucía, que también se ve afectada en el caladero del Golfo de Cádiz.
