La Xunta justifica su ofensiva contra los okupas por el impacto social
Rueda dice que las ocupaciones son un problema de “trascendencia social” después de que los jueces negaran un aumento de los casos
El vicepresidente de la Xunta ha insistido en demandar medidas “más inmediatas” para actuar contra las ocupaciones ilegales de vivienda, aunque ha dado una vuelta de tuerca a los argumentos que desde hace semanas está utilizando el Gobierno gallego y el PP en su ofensiva okupas en diversos ayuntamientos.
Alfonso Rueda ha asegurado que no se trata de un problema “cuantitativo”, es decir, del número de delitos de este tipo que se cometen, sino de la “trascendencia social” de los mismos. Justifica así reiterada petición de la Xunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que active una reforma legal que permita actuar con más rapidez contra las ocupaciones, después de que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, dejara solo al Gobierno gallego en sus argumentos.
El magistrado aseguró que este tipo de delitos Galicia «han disminuido» y consideró que ya existen en el ordenamiento jurídico mecanismos suficientes contra ellos. Rueda reconoció que Gómez y Díaz-Castroverde tiene «todos los datos de esa visión general» del poder judicial en Galicia, y, «por tanto, habla con fundamento». «No estoy hablando desde un punto de vista cuantitativo», matizó.
«Lo que la ciudadanía pide y lo que tenemos que hacer las administraciones es habilitar respuestas para que se pueda actuar rápidamente, con independencia de que la normativa actual pueda ser o no suficiente, pero tiene que tener un modo de actuación más inmediato», ha zanjado.
El alcalde de Santiago vincula el problema a grupos organizados
Curiosamente, el alcalde socialista de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha dado la razón al vicepresidente de la Xunta unos días después de que el Congreso, con el voto en contra del Partido Socialista, rechazase una iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox para endurecer las penas a los okupas y agilizar la recuperación de las viviendas.
El regidor explicó que «probablemente el número de inmuebles es limitado» –ha cifrado en una docena los de la capital gallega–, pero, «en determinadas zonas», ha dicho, «existe una preocupación social», sobre todo «cuando la ocupación se produce no tanto por familias que buscan una solución a su problema de vivienda, pero tienen un trato con la comunidad razonable, sino otro tipo de grupos o estructuras que conllevan una serie de problemáticas».
«La ocupación de dos inmuebles en un barrio en sí no se puede considerar un tema masivo, pero si en esos dos inmuebles pasan cosas y las personas que los ocupan generan un problema importante a la comunidad, se genera un conflicto social», ha zanjado.
