La Xunta gasta 65 millones al año para suprimir peajes de las autovías
Los rescates a las concesionarias de las autovías de O Salnés, Barbanza o Celanova encarecen el peaje en sombra, que deja una deuda de más de 2.000 millones
La elevada subida en el peaje de la AP-9, el doble que la media de las autopistas del Estado a causa de las compensaciones pactadas por Fomento, contrasta con la situación de los viales dependientes de la Xunta. Así lo puso de manifiesto Núñez Feijóo este miércoles, al señalar en Moaña, en una visita a las obras del Corredor do Morrazo, que el Gobierno gallego “está pagando esta autovía” y está “evitando peajes en autopistas y autovías gallegas”.
Sin embargo, que se supriman los peajes en infraestructuras como la Autovía do Barbanza o en la AG-31, entre Ourense y Celanova, no significa que no tengan un coste. De hecho, el coste está negro sobre blanco en los presupuestos de la Xunta, que reservan para el próximo año 65,5 millones para pagar peajes en sombra, dos millones más de lo previsto para este curso por la Axencia Galega de Infraestruturas. La partida aumenta a medida que entran en funcionamiento nuevos viales o cuando hay necesidades adicionales para restablecer el equilibrio económico de las concesionarias.
Una deuda de 2.374 millones
Esta fórmula, que ofrece gratuidad al usuario del vial, establece un canon a pagar a la concesionaria por distintos conceptos, fundamentalmente la construcción de la infraestructura y el mantenimiento de la misma, indexado al volumen de vehículos que circulan por la autovía. El Consello de Contas viene alertando año tras año sobre los riesgos de este modelo, que procede de la etapa de Manuel Fraga pero que Feijóo imitó, por ejemplo, en la puesta en marcha del nuevo hospital de Vigo.
El último informe del organismo fiscalizador, correspondiente al ejercicio 2015, advertía que los pagos comprometidos ascendían a 2.374 millones a abonar en los próximos 60 años. Para la Autopista da Costa da Morte, cuyo primer tramo se abrió el año pasado, corresponderían 632 millones; para la supresión de peajes en Aceousa (Dozón-Ourense) irían 560 millones; la cuenta con la concesionaria Santiago-Brión ascendía a 317 millones; en la Autovía do Barbanza estaban comprometidos 290 millones; en Ourense-Celanova, 237 millones; y en O Salnés, 150 millones. Todavía quedarían importes menores comprometidos con la Autopista Central Gallega y con la propia Audasa en la AP-9, a la que se están pagando seis millones al año.
Los ‘rescates’
Son estimaciones, no importes exactos, pues los pagos varían cada año. La fórmula aplicada en O Barbanza, O Salnés o Celanova provoca que un menor tráfico reduzca la retribución del Gobierno gallego a la concesionaria. Sin embargo, este posible abaratamiento tiene como contrapartida los diversos rescates que ha tenido que aplicar la Xunta para equilibrar la situación patrimonial de las concesionarias, una medida prevista en el acuerdo de concesión.
En el caso de la AG-31, con Copasa y Extraco como accionistas de la concesionaria, el Gobierno gallego pagó 6,85 millones en concepto de canon de demanda. El importe es dos millones superior al que abonó en 2014, no solo por el aumento de tráfico, sino porque durante aquel curso se modificaron las tarifas y se amplió la concesión un año, hasta 2040, para restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesionaria.
Este mismo procedimiento se siguió en la Autovía do Barbanza y la Autopista do Salnés (Copasa, Abanca y Puentes y Calzadas), donde ese curso se incrementó el pago de la Xunta para restablecer el equilibrio patrimonial. El movimiento implicó que, el ahorro para las arcas públicas derivado del descenso de tráfico en etapa de crisis económica quedase en nada, al tener que compensar a las concesionarias para evitar una situación de insolvencia.
