La Xunta destina tres millones a reconstruir las viviendas quemadas en los incendios
Este presupuesto corresponde al crédito inicial de las ayudas cuyo pago comenzará, aproximadamente, en dos meses
El crédito inicial para las ayudas a los propietarios de viviendas dañadas por los incendios que afectaron a Galicia en las últimas semanas contará con un presupuesto de 3,2 millones. Según los cálculos provisionales, aproximadamente 50 viviendas podrían acogerse a estas ayudas. De ellas, en torno a una decena son residencias habituales. En total hay 130 edificaciones afectadas; las otras 80 se corresponden con otro tipo de construcciones auxiliares que también podrán verse beneficiadas.
Así lo ha trasladado el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término del Consello de la Xunta, celebrado este miércoles y no el jueves, como es habitual, debido a que el mandatario autonómico se desplazará en la próxima jornada a Madrid para mantener una reunión con su homólogo estatal, el socialista Pedro Sánchez.
La resolución se publicará este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y las solicitudes se podrán solicitar desde el sábado. Rueda ha indicado que el Ejecutivo autonómico también asumirá, en los casos que sea necesario, a través del ‘Bono Alugueiro Social’, los gastos de realojo de personas que necesiten una vivienda alternativa porque la suya se haya visto dañada por los fuegos.
Otras ayudas
El viernes también serán publicadas las convocatorias de otras ayudas, como por ejemplo las encaminadas a contribuir a reponer maquinaria y otros elementos afectados por las llamas en explotaciones.
Asimismo, Rueda abordará en una reunión con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, la estimación de los daños en bienes de carácter municipal y cómo canalizar las subvenciones para hacer frente a los mismos. En este punto, ha resaltado la relevancia de que también se impliquen otras administraciones como las Diputaciones.
Y a las puertas de su reunión con Sánchez, ha anticipado su disposición a pedirle al presidente del Gobierno la tramitación, para los municipios que lo demandan, de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil –la antigua zona catastrófica–, paso que permitiría ampliar las ayudas.