La Xunta endosa a Ábalos los peajes subvencionados de la AP-9
El Gobierno gallego rechaza volver a asumir los peajes en sombra de la AP-9 en Cambre y A Barcala y dice que corresponde al Ministerio indemnizar a Audasa
La Xunta no prevé repercusión alguna en las finanzas de San Caetano ni en el coste de viajar por la AP-9 tras la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la concesionaria, Audasa, y tumba el cálculo de las bonificaciones que el Gobierno central da a la empresa desde 2017 a cambio de suprimir los peajes de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. El nuevo cálculo lo estableció el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a través del RD 803/2017 y permitió que la Xunta dejara de subvencionar el 50% de dichos peajes, un coste de unos 6 millones al año. Desde entonces, es el Ejecutivo central quien asume la totalidad del peaje en sombra.
Sin embargo, el Supremo determinó que Audasa tiene derecho a que la indemnicen por la menor cuantía que percibe desde que se puso en marcha este acuerdo en relación al anterior, firmado en 2006 por Emilio Pérez Touriño. La concesionaria lleva tiempo señalando que el tijeretazo del Gobierno de Mariano Rajoy disminuyó un 45% los ingresos que percibía y estimaba que, a cierre del primer semestre de 2019, había dejado de ingresar 8,8 millones. En consecuencia, la indemnización se elevará por encima de esta cantidad, ya que se incrementa a cada mes que pasa. Estará por encima de los 10 millones de euros, a los que hay que sumar los intereses que también obliga a pagar el Supremo.
La Xunta pasa la patata caliente a Ábalos
La Xunta considera que saldrá indemne de este peliagudo escenario y que es el Ministerio de Transportes –heredero del de Fomento– quien debe asumir tanto la indemnización como los peajes en sombra de Rande y A Barcala a partir de ahora. “La Xunta dejó de participar en esa subvención. Una vez que dejó de subvencionar esos peajes, el Estado recalculó la compensación a Audasa por esa bonificación. Eso es lo que estaba en discusión en los juzgados. Por eso la sentencia se pronuncia sobre el importe que el Gobierno estatal debe pagar a la concesionaria por la subvención del peaje. Como no está subvencionada por la Xunta, la Xunta no está afectada”, explican fuentes de la Consellería de Infraestruturas.
Pese al incremento del coste para las arcas públicas, el departamento que dirige Ethel Vázquez asegura que “las consecuencias de la sentencia no pueden afectar a los usuarios, que deben seguir disponiendo de esa bonificación; ni a la Xunta, pues no subvenciona esa autopista estatal”.
Según esta lógica, será el Ministerio que capitanea José Luis Ábalos el que asuma, no solo la totalidad de la indemnización y los intereses generados desde julio de 2017 por la modificación del cálculo, sino también el coste adicional de subvencionar los peajes en sombra de los dos tramos.
El Ministerio de Transportes, consultado por este medio, señaló que en estos momentos estaba estudiando la sentencia y sus implicaciones.
