La Xunta abre otro frente con el Gobierno para reclamar 2.100 millones para dependencia
Un informe de Política Social revela que el Gobierno central está dedicando 150 millones de euros menos de lo estipulado a financiar los servicios de dependencia en Galicia
Nueva guerra entre la Xunta de Galicia y el Gobierno, esta vez a cuenta de la financiación de la dependencia. El Gobierno gallego asegura que actualmente está financiando el 70% de estos servicios y no el 50% estipulado. Es por ello que, para «cumplir», el Estado debería aportar 150 millones más al año.
De esta forma, la Xunta cifra en 2.100 los millones de euros que el Gobierno central adeuda a la comunidad desde el año 2009, según se constata en un informe elaborado por la Consellería de Política Social sobre el coste efectivo de la prestación de los servicios de mayores y dependencia.
En concreto, la Xunta alude a un presupuesto anual para el apartado relativo a los servicios de dependencia que ronda los 430 millones de euros. Además, fuentes de Política Social consultadas por Europa Press revelan que, en 2021, aún con las subidas aplicadas de forma paulatina por el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico seguía aportando en torno al 67% del coste de la dependencia, lo que ratifica que más de 15 años después de la aprobación de la ley que regula el sistema continúan sin cumplirse los compromisos fijados en materia de la financiación.
El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya remitió en enero de 2020 una veintena de cartas a los miembros del nuevo Gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez. En concreto, le reclamó al entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que la Administración central participase «de manera equilibrada en el sostenimiento» del sistema de atención a la dependencia, con el que cada año se atiende ahora a 65.000 gallegos, frente a las 15.000 que se registraban hace doce años.
A vueltas con el envejecimiento y la dispersión poblacional
En pleno debate sobre la financiación autonómica, el Parlamento gallego ha puesto semana el foco en el envejecimiento poblacional y la dispersión poblacional. Durante su comparecencia en la comisión activada en O Hórreo para contribuir a la propuesta gallega de financiación, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cifró en más de 500 millones el sobrecoste anual para Galicia de la dispersión. Pero el desembolso de recursos, y en consecuencia la relevancia de los fondos que se puedan recibir desde el Estado, es también notable en el apartado de servicios sociales.
Además, en el informe sobre el coste efectivo de la prestación de servicios a mayores y a personas de discapacidad remitido al Parlamento certifica, en otro orden de capítulos, la inversión ligada a algo más de 7.000 plazas de residencias gestionadas de forma directa, indirecta y a través de conciertos. Pero la Xunta aporta bonos a mayores hasta financiar con recursos públicos un total de 13.000, según concretó recientemente la conselleira de Política Social, Fabiola García.
En todo caso, en el informe se refleja que, para sustentar un total de 7.005 plazas (2.179 de forma directa y más del doble, 4.826 por vía de gestión indirecta y plazas concertadas), la Xunta destina más de 150 millones de euros.
La atención a mayores
Y es que en el ámbito de la atención a mayores, la Xunta tiene plazas residenciales en centros de titularidad propia y también en centros de titularidad privada o municipal, por la vía de contrato. Además, los centros de titularidad propia pueden estar gestionados directamente por la Administración allega o por una entidad gestora externa.
En su informe, la Xunta constata el detalle de las 7.005 plazas de atención residencial y evidencia que invierte más recursos en las 2.179 de gestión directa (refleja una aportación de las arcas autonómicas de 84,7 millones de euros) que en las de gestión indirecta y en las plazas concertadas. En total, de este segundo tipo hay 4.826 y el Gobierno gallego destinó a su financiación en 2021 un total de 68,9 millones.
También alude en el ámbito de los servicios de atención a servicios sociales a otros programas, como el de las ‘casas del mayor’ en ayuntamientos del rural, que en este 2022 prevé seguir ampliando las plazas con una treintena de nuevas casas hasta superar las 110, y destinar a tal fin más de 3 millones.