La Xunta abre expediente contra la minera de Touro tras detectar “deficiencias”
El vicepresidente económico de la Xunta, confirma la apertura de un expediente sancionador contra Explotaciones Gallegas por las carencias en materia de drenajes que la mina arrastra desde hace cuatro décadas
El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde / Europa Press
La Xunta de Galicia inicia un expediente sancionador contra Explotaciones Gallegas por su proyecto en la mina de Touro. El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha asegurado en el Parlamento de Galicia que el Gobierno gallego ha tomado esta decisión después de haber solicitado un proyecto de drenaje para la gestión integral de las aguas en esta explotación minera.
Sin embargo, estas medidas no habrían sido ejecutadas por Explotaciones Gallegas, según ha apuntado Conde en respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG. El Gobierno gallego ha iniciado este expediente contra esta compañía que es socia, junto a Atalaya Mining, de Cobre San Rafael, que en los últimos años los trámites para reabrir la mina de cobre de Touro.
El yacimiento de cobre permanece sin actividad desde el año 1986, pero las carencias que arrastra en materia de drenaje desde entonces han acabado salpicando a Explotaciones Gallegas. Hasta el momento, la firma solo extrae áridos de la zona, pero se ve afectada, de esta manera, por la apertura de este expediente que gira en torno a una explotación de cobre que continúa sin actividad desde la salida de Riotinto.
«En plazo» para presentar correcciones al proyecto
En paralelo, Conde ha reconocido que se han «deficiencias» en el plan de restauración de la mina ubicada entre los municipios coruñeses de Touro y O Pino remitido por Explotaciones Gallegas, si bien la compañía «está en plazo» para realizar las correcciones requeridas.
La Xunta notificó el pasado mes de marzo a la minera que le denegaba la aprobación proyecto para la reapertura de este yacimiento de cobre tras una declaración ambiental desfavorable. Se trataba del segundo rechazo del Ejecutivo gallego a la mina, ya que en enero de 2020 la propia Consellería de Medio Ambiente firmó una declaración de impacto ambiental negativa al entender que el proyecto “no garantizaba la sostenibilidad ambiental” tras recibir dos informes técnicos «desfavorables» e «insalvables» de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia.
