La Valedora do Pobo investigó a DomusVi antes del Covid-19
La Valedora do Pobo realizó en 2019 una actuación de oficio para conocer el estado de la residencia de DomusVi en Barreiro, intervenida durante la pandemia
La Valedora do Pobo ya puso la lupa sobre DomusVi en 2019, mucho antes de que las residencias asistenciales de esta compañía se situasen en el centro de la polémica por la gestión de las mismas durante la pandemia y debido al elevado número de contagios y fallecimientos que registraron. Así se revela en el informe de actuaciones del organismo dirigido por María Dolores Fernández Galiño, que este viernes ha sido presentado al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.
En la base a los datos de la memoria de actuación del organismo se evidencia que el número de quejas tramitadas por la Valedora do Pobo en 2019 descendió casi un 70% con respecto al 2018, al cursarse 6.250 frente a las 20.807 gestionadas el ejercicio precedente. A pesar del notable descenso, en cuanto a áreas, destaca el aumento de quejas presentadas ante acciones del departamento de Infraestructuras e Mobilidade de la Xunta de Galicia, que aglutina casi el 30% de las reclamaciones presentadas que afectan a la administración autonómica (1.561 de 5.270 expedientes). No obstante, es Política Social el departamento que tiene la competencia sobre las residencias asistenciales, la consellería que acumula más quejas, con 1.598 (el 30,33%).
Actuación de oficio en DomusVi
En 2019, la institución que preside Fernández Galiño (que asumió el cargo en agosto de ese año) inició 67 actuaciones de oficio, de las cuales 25 estuvieron relacionadas con la inclusión social. Una de estas actuaciones de oficio se llevó a cabo en la residencia que DomusVi tiene en Barreiro (Vigo) y que tuvo que ser intervenida por la propia Xunta de Galicia en la primera ola de pandemia junto con la que la compañía posee en Aldán (Cangas do Morrazo).
Explica la Valedora en la memoria de actuaciones que el año pasado, el organismo público «inició una actuación de oficio para conocer el funcionamiento de la residencia DomusVi de Barreiro, Vigo, con plazas concertadas y privadas«. «Se trató de una visita a las residencias de atención a las personas mayores y/o con dependencia, una iniciativa que se pretende extender a otras residencias en el futuro«, indica el informe. «Entre otras cosas, en la visita se apreció que algunos de los residentes que permanecían en sillas de ruedas tenían sujecciones y que, en algunos casos, comentaron que deseaban el auxilio de algún miembro del personal», prosigue. «Debido a la especial relevancia que esto tiene en la garantía de los derechos de las personas residentes, solicitamos la colaboración informativa de la dirección para conocer la forma de proceder por parte de la residencia a la hora de aplicar las sujecciones y de gestionar las demandas de las personas afectadas por las mismas. La dirección de la residencia respondió. De la información aportada se deduce que las sujecciones son prescritas por profesionales médicos en función de las circunstancias de las personas residentes, se registran en su historia médica y son revisadas periódicamente», expone la memoria del organismo de atención, que no apreció riesgo en este caso de mala praxis.
De hecho, la conclusión de la investigación a DomusVi fue positiva, según se expone en el propio informe. Fernández Galiño explicó, no obstante, que las visitas a los centros de mayores se interrumpieron cuando se declaró el estado de alarma, al quedar restringidas las visitas, si bien el organismo que preside tiene intención de retomarlas en cuanto sea posible.
Quejas sobre deficiencias en residencias
Con carácter general, el informe de la Valedora también indica que a lo largo del año pasado el organismo público «trató quejas relativas a supuestas deficiencias en las residencias, especialmente en el caso de las plazas concertadas en residencias privadas«. «Entre todas, destacó una promovida por una entidad de defensa de los derechos de las personas residentes y sus familiares. Después de solicitar un informe detallado de la Consellería de Política Social, de recibirlo y de valorarlo, concluimos que la queja se refería a aspectos de carácter general que solo pueden ser valorados como tales. En cualquier caso, algunos aspectos resultaban de evidente interés y elaboramos unas conclusiones, aunque con las limitaciones antes expresadas», explica.
La información contenida en la memoria de la Valedora do Pobo cobra especial relevancia esta semana, precisamente cuando la Xunta de Galicia se ha visto obligada a intervenir, de nuevo, una residencia de DomusVi, en este caso la que tiene en Outeiro de Rei, en Lugo, debido al brote de Covid-19 que ha registrado.
Ley de protección a los mayores
Durante la rueda ofrecida en el Parlamento, Fernández Galiño destacó que, a su juicio, lo sucedido en las residencias de la tercera edad durante la pandemia hace necesaria la creación de una ley estatal que proteja a los mayores y regule sus derechos.
De este modo, ante lo acontecido en estos centros durante la pandemia, cree que las instituciones deben tener «buenos pilares» para atender a los mayores que, a su juicio, han contar con una ley estatal de carácter orgánico para velar por sus derechos.
