La sanidad privada pide a la Xunta compensar 40 millones en pérdidas
Los hospitales privados aseguran perder 5 millones a la semana durante la pandemia por la caída de actividad y la no derivación de pacientes Covid-19
Los hospitales privados de Galicia han solicitado a la Xunta medidas de liquidez y compensaciones que permitan corregir la caída de actividad y los números rojos provocados por el coronavirus. En base a la instrucción 6/2020 del Servizo Galego de Saúde, los centros desprogramaron las intervenciones no urgentes, de manera que sus instalaciones estuvieran preparadas para respaldar al sistema público ante la sobrecarga por los pacientes contagiados con el Covid-19. La actividad cayó de manera brusca, pero, al margen de Povisa, el Gobierno gallego apenas hizo uso de las instalaciones privadas a través de la derivación de pacientes.
La Xunta hizo unas previsiones desorbitadas sobre el impacto de la pandemia. Estimaba utilizar un mínimo de 2.000 camas y un máximo de 4.000, pero nunca se alcanzaron el millar de ingresados antes de iniciar la desescalada. Alberto Núñez Feijóo incluso armó hospitales de campaña ante el riesgo de saturación, pero lo cierto es que la capacidad de los hospitales públicos fue suficiente a pesar de apenas recurrir a los privados.
Un agujero de cinco millones cada semana
La consecuencia fue que los centros, que facturaron en conjunto 326 millones en 2018 según los datos de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal), perdieron alrededor de un 80% de su actividad habitual. Aseguran que cada semana desde que se activó el estado de alarma han perdido conjuntamente cinco millones de euros, es decir, unos 40 millones durante los dos últimos meses.
En Ahosgal se integran Quiron, HM, Vithas, Povisa, Cosaga o Polusa, entre otros. En conjunto, suman más de 1.900 camas.
Medidas de compensación y mantener los ingresos de los conciertos
En una reunión telemática, los centros han trasladado a la Consellería de Sanidade este problema, proponiendo una serie de medidas hasta final de año que les permitan reequilibrar sus balances. La más urgente es la de implementar medidas de liquidez, ya que en algunos centros hay dificultades para poder atender a las nóminas ante la caída de ingresos.
Los hospitales privados creen que es necesaria una compensación por la disponibilidad que están manteniendo durante la pandemia, lo que conllevó el aplazamiento de la actividad no urgente y el mantenimiento de las plantillas, es decir, el mismo gasto con menos ingresos.
Proponen una suerte de hibernación de los conciertos mientras dure el estado de alarma y que, en ese periodo, la Xunta pague lo mismo que en 2019, de tal manera que a finales de año se mantengan o se superen los ingresos de la actividad concertada. Una medida similar se ha implantado en Cataluña, donde la Generalitat abonará el mismo pago a los centros concertados que en febrero, añadiendo un 4% adicional en caso de que atendieran a pacientes con coronavirus.
De cara al futuro, los centros privados también ven necesaria una revisión de tarifas, que permanecen inalteradas, explican, desde el año 2008. Ponen como ejemplo que la estancia media en los hospitales de Ahosgal se sitúa en los 102 euros, que es solamente un 19,3% de la tarifa oficial que cobra el Sergas en sus instalaciones. La resonancia magnética, otro ejemplo, es un 25% de la tarifa oficial del sistema público de salud.
La patronal estatal pide rebajas de impuestos a Sánchez
Estas medidas, presentadas a la Consellería y que no tienen hasta la fecha respuesta, se suman a las peticiones realizadas la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) al Ejecutivo central. La patronal reclamó la exención de las cuotas a la Seguridad Social y del IRPF; el aplazamiento o bonificación del IBI y el Impuesto de Sociedades; y líneas de créditos blandos y avales específicas para el sector.
Aspe solicitó además la reducción del IVA sanitario al tipo superreducido, subvenciones para compras de material sanitario, ayudas directas a los centros implicados en la atención a pacientes de coronavirus y periodos de pago no mayores a 60 días por parte del Estado y las aseguradoras.